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Las solicitudes de extradición se cursarán al Reino de España, donde viven las diputadas Dinora Figuera, Auristela Vásquez y el exalcalde Antonio Ledezma; y a Estados Unidos, donde reside la parlamentaria Marianela Fernández. Las extradiciones fueron aprobadas por los magistrados del TSJ Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó este jueves 5 de octubre las solicitudes de extradición contra el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y la junta directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015, conformada por las diputadas Dinorah Figuera, Auristela Vásquez y Marianela Fernández.
Las solicitudes de extradición contra la directiva de la AN 2015 fueron firmadas por la magistrada Carmen Marisela Castro, y serán entregadas al Reino de España y Estados Unidos. La sentencia contra el exalcalde Ledezma fue firmada por el magistrado Maikel Moreno. El expediente del proceso fue ingresado a la Sala de Casación Penal del TSJ el pasado 5 de septiembre por el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en Terrorismo.
En el escrito que involucra a Ledezma se le vincula con los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación. Los fiscales Farik Mora y Eilin León lo acusan de apoyar supuestos planes conspirativos, que incluirían una rebelión militar, a favor de la candidata a las primarias María Corina Machado (Vente Venezuela).
Se señala como prueba una entrevista a la periodista Patricia Poleo para el canal de YouTube Factores de Poder. Los fiscales del Ministerio Público lo nombran como parte de una «estructura de delincuencia organizada» respaldada por funcionarios militares activos, aún por identificar.
En el caso de las diputadas a la Asamblea Nacional de 2015, las órdenes de arresto se emitieron en enero de 2023, poco después de que se juramentaran como parte de la directiva de ese Parlamento. Son acusadas de los presuntos delitos de «usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales», bajo el alegato de que utilizarían el reconocimiento de Estados Unidos para «robar» activos de Venezuela en el exterior.
Las pruebas presentadas en las acusaciones, hechas por los fiscales Farik Mora y Renny Amundarain, incluyen sesiones del parlamento electo en 2015, así como una nota de la página web de esa Asamblea Nacional.
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