El informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?” reveló en su cuarta entrega que los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, además de tres religiosos más, fueron acusados de “traición a la patria” y despojados de su nacionalidad.
La investigadora y abogada exiliada, Martha Patricia Molina, indica en el informe que los 19 religiosos privados de la nacionalidad, son 14 sacerdotes, 2 obispos, 1 diácono y 2 seminaristas, son parte de los 667 ataques de la dictadura de Daniel Ortega a la Iglesia católica de Nicaragua.
Molina detalló que “151 religiosos han sido perjudicados por la persecución de la administración pública Ortega Murillo” con mecanismos como exilio forzado, destierros, prohibición de entrar al país o expulsiones.
Según el informe, 13 bienes pertenecientes a la Iglesia católica han sido “confiscados” a pesar de estar prohibidas las confiscaciones por el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua.
Por otra parte, el régimen de Ortega ha cerrado arbitrariamente universidades, institutos, medios de comunicación, congregaciones religiosas, proyectos y obras sociales dirigidas por la Iglesia católica nicaragüense, según precisó Molina.
