Uno de cada dos opositores encarcelados en Venezuela, de los 281 considerados presos políticos, está acusado o ya fue condenado por terrorismo, según la ONG Foro Penal, que afirma que estos civiles y militares se volvieron «incómodos» para la administración de Nicolás Maduro y terminaron tras las rejas.
La ONG también indicó que en las últimas semanas, funcionarios policiales detuvieron a un estudiante por supuestamente pegar volantes en espacios públicos y fue acusado de «conspiración» ante los mismos tribunales que, días después, sentenciaron a seis personas a 30 años de cárcel por delitos contemplados en la «Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo».
«Ni la Fiscalía ni los tribunales han informado de estos procesos, que han sido denunciados por numerosas organizaciones de derechos humanos a través de las redes sociales, y luego confirmados por familiares y abogados defensores», destacó Foro Penal.
Por su parte, el vicepresidente de esta organización, Gonzalo Himiob, señaló que estos casos encierran una «evidente intención política de criminalizar a determinadas personas».
Imponer una narrativa
Himiob aseguró que hay interés por parte de asociar a grupos opositores con el terrorismo.
«Según el poder, aquí no existe una oposición legítima, válida, pacífica, (…) sino que existen, por el contrario, grupos criminales que se asocian para cometer actos de complot, de traición, de rebelión o, más concretamente, de lo que el poder interpreta que es terrorismo», acotó.
Es, a su modo de ver, una narrativa según la cual estas personas no son criminales comunes sino subversivos de alta gama, sobre quienes recaen imputaciones muy graves que les impidan ser juzgados en libertad, por un supuesto riesgo de fuga.
Bajo esta lógica, una buena parte de los juicios acaba con la pena máxima, de 30 años de prisión, contra personas señaladas de sediciosas y violentas sin que, según el jurista, se haya exhibido una sola prueba que las incrimine.
«Lo que estás diciendo es que hay movimientos subversivos, violentos y armados que atentan contra el poder en Venezuela y esa es la narrativa que al poder le interesa consolidar con estas imputaciones», apunta.
Además, remarca el abogado, este auge de acusaciones de los últimos tres años está estrechamente vinculado con el avance de la investigación -abierta en 2021- que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«Hay una especie de correlación, una especie de búsqueda del poder de consolidación de esta narrativa», concluyó.
