Por un cambio de modelo y de política económica para Venezuela, tras el rotundo fracaso de los gobiernos de Chávez y Maduro, se pronuncia en un profundo análisis, el economista, docente universitario, ex director de Estudios Económicos del BCV y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra.
Asegura que el modelo revolucionario tuvo como eje central fue la estatización de la economía entre 2005 y 2013 y la aplicación de controles generalizados, para luego dar paso, en medio de una hiperinflación, a un ajuste económico desordenado, no anunciado, basado en un intento por lograr una relativa estabilidad del tipo de cambio, reducción del gasto público, especialmente su componente salarial y una política de restricción del crédito bancario y de los aranceles a los bienes importados.
Así, actualmente la economía se caracteriza por los siguientes elementos:
- Una caída sin precedentes en el nivel de actividad económica y del ingreso real y el consecuente aumento de la pobreza,
- Niveles de inflación elevados, en el entorno de 450% para 2023,
- Una sostenida pérdida de reservas internacionales y depreciación nominal y gradual del tipo de cambio,
- Una importante restricción externa derivada de la falta de liquidez internacional y del acceso al crédito externo,
- Una industria petrolera con sus capacidades de producción sensiblemente mermadas por años de malos manejos a lo que se sumaron, no como causa principal, las sanciones,
- Sectores productivos, especialmente el manufacturero, severamente afectados,
- Un sistema financiero minimizado producto de la contracción de la economía y de la política de encajes entre 100% y 73% que literalmente pulverizaron el crédito,
- Una economía dolarizada de hecho, como efecto del repudio a la moneda nacional,
- La virtual desaparición de la institucionalidad fiscal y monetaria y
- La falta de una jefatura profesional en el manejo de los asuntos económicos y financieros.
El nuevo modelo y programa económico
Es en ese contexto en el cual hay que diseñar el nuevo modelo y el nuevo programa económico para Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de 2024. De esta manera, ese modelo económico debe fundarse en una economía competitiva y abierta al mundo, que utilice sin complejos su principal palanca que es el petróleo en una coyuntura favorable de precios y en vísperas de una demorada transición energética que está tardando más de lo previsto. Igualmente, el Estado empresarial articulado a partir de 2005, debe dar paso al Estado social, focalizado en la provisión de bienes públicos. Los cambios que están sucediendo en la economía mundial con la digitalización, la emergencia de nuevas y potentes tecnologías, el desacoplamiento global y la vuelta al nacionalismo y al proteccionismo, no va a esperar por nosotros. Es ahora o no será.
En el campo de la política económica hay que enfatizar que Venezuela no requiere, como hemos argumentado desde hace tiempo, un programa convencional de ajuste económico contractivo, marcado por la astringencia fiscal y monetaria para resolver un problema de balanza de pagos. Todo lo contrario, el tema es encarar la restricción externa para así ejecutar un programa de expansión de la economía y el primer paso para ello consiste en la recuperación de la industria petrolera y el acceso al financiamiento externo, comenzando por el uso de $5.100 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a Venezuela en septiembre de 2019 por el FMI más la línea de Financiamiento Rápido de ese organismo por un monto equivalente, para lo cual no se requiere la implementación de un programa acordado con el FMI.
El objetivo fundamental del programa económico acá esbozado es mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, materializado en la reducción de la pobreza a niveles razonables en un lapso de cinco años, donde razonable se traduce en una tasa de pobreza general que no exceda el 30%.
Abatir la inflación
Para ello habrá que arbitrar un conjunto de políticas para abatir la inflación y retomar la senda del crecimiento económico, sin lo cual no habrá solución estable a la pobreza. Un programa para reducir la inflación demanda la escogencia de un ancla, es decir un referente para la formación de los precios. Así, en una economía dolarizada como la venezolana estabilizar los precios significa estabilizar el tipo de cambio y estabilizar el tipo de cambio implica estabilizar los precios debido a la causalidad bidireccional de ambas variables. De modo que se propone una corrección del tipo de cambio nominal hasta su nivel de paridad y a partir de allí fijarlo respecto al dólar por un plazo prudencial hasta que la inflación disminuya de manera importante para luego mutar hacia un esquema de flotación administrada y posteriormente de flotación más limpia.
Ello precedido por el acceso a los recursos en el FMI y al diseño de un plan fiscal y monetario. Esa fijación lleva consigo un riesgo por la revalorización del dólar y la lentitud con la cual disminuye la inflación a partir de cierto umbral. Sin embargo, con una producción petrolera al alza ello significa que la economía pueda funcionar con tipo de cambio real más bajo.
En un entorno de dolarización y elevada inflación no aplican ni un programa basado en metas cuantitativas a la cantidad de dinero ni mucho menos uno de metas de inflación, al estilo originalmente de Nueva Zelandia y otros países. Con demanda por moneda nacional inestable y volátil es de presumir que al banco central le costará acomodar la oferta de dinero a una demanda que no conoce o no puede estimar adecuadamente y donde circulan más dólares que bolívares.
El déficit fiscal que ha signado a Venezuela tiene que ver en primer lugar con la dimensión que adquirió el Estado a partir de 2005 y luego con el derrumbe del ingreso petrolero. Por tanto, aumentar la producción petrolera resulta vital para equilibrar las cuentas fiscales a lo cual se acompañaría reformas legales para procurar que el fisco se financie de manera orgánica, sin tener, en consecuencia, que recurrir sistemáticamente al BCV. Igualmente, hay que simplificar y mejorar los tributos internos y modernizar su administración, teniendo cuidado de no sacrificar ingresos. Las competencias fiscales de los estados se establecerán en la Ley de Hacienda Pública Estadal contemplada en la Constitución y ya para ello en la Asamblea Nacional reposa un proyecto de ley. El conglomerado de empresas del Estado tiene que achicarse y solo se mantendrán las que sean estrictamente necesarias.
Establecer competencias del BCV
En materia monetaria, lo primero que habría que hacer es restablecer las competencias del BCV en materia monetaria, procurando evitar la financiación del déficit con emisión. Acto seguido aplicar una política para reducir el encaje legal hasta el 15% en un lapso de cinco años. Ello, en conjunción con un plan de capitalización de la banca, abriría espacio al crédito para financiar la actividad económica no petrolera. Como al inicio el tipo de cambio estará fijo, el BCV tendrá solamente capacidad para gestionar el crédito interno con operaciones de mercado abierto con modalidad repos para señalizar el sendero de las tasas de interés cortas.
El despegue económico de Venezuela depende del aumento de la producción petrolera mientras otros sectores de la economía hoy adormecidos, se recuperan. Son conocidos los efectos multiplicadores de la actividad petrolera sobre la economía como un todo, aunque los mismos no sean los que fueron ayer. Con el acceso al crédito local e internacional en una situación de baja de la inflación, se recupera la industria de la construcción y su capacidad empleadora al igual que otras ramas de la economía. En el sector minero hay un potencial enorme para el crecimiento con la participación del sector privado.
Entretanto, habrá abordar el asunto de la situación de incumplimiento de la deuda externa, para lo cual es recomendable designar un comité especializado, preferiblemente por consenso político, para iniciar lo más pronto posible las tratativas con los acreedores. Ello conduce al inicio de una negociación con el FMI para un programa de acuerdo extendido, pasando por la elaboración del artículo cuarto que no se realiza en Venezuela desde 2010. Algo similar hay que hacer con el Banco Mundial, BID y otros multilaterales para financiar la expansión fiscal y consecuentemente el gasto en planes sociales y de infraestructura. También solicitó la cooperación financiera de gobiernos aliados para salir de la emergencia humanitaria.
En materia petrolera, se propone una apertura al capital nacional e internacional en toda la cadena de valor de la industria, para lo cual lo es indispensable acordar una reforma puntual de la Ley Orgánica de Hidrocarburos o una nueva ley de la actividad que asegure los derechos de los inversionistas y del Estado como propietario del recurso mineral. Ya la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional de 2015 ha elaborado un proyecto de ley que serviría de base. La única posibilidad real de aumentar la producción petrolera a 3.000.000 de barriles diarios en siete u ocho años mediante un flujo de inversiones que el Estado no está en condiciones de aportar. En materia de refinación de petróleo, es factible alcanzar acuerdos donde el sector privado pueda participar mayoritariamente para incrementar la producción de gasolina y otros derivados de petróleo. Sería recomendable un esquema de regalías diferenciadas según la naturaleza de los yacimientos. El tópico de la agencia nacional de energía hay que estudiarlo con detalle para determinar su alcance, si fuese al caso.
Los subsidios a la gasolina deben reducirse para hacer rentable el mercado interno de ese producto y así no averiar las finanzas de las empresas petroleras. Algo similar hay que hacer en la industria gasífera.
Finalmente, PDVSA se mantendría como empresa nacional, acotada en sus actividades y con una gerencia apropiada que sea transparente en su actuación. Privatizar PDVSA no se ve factible ni conveniente. En primer lugar, porque ello implicaría cambios en materia constitucional que requerían de un acuerdo nacional que ahora no se ve posible y segundo porque una empresa nacional puede captar parte de la renta petrolera a favor del Estado que otra manera iría al sector privado, que ya tendría suficiente áreas para extraer petróleo.
No por casualidad la gran mayoría de los países productores de petróleo mantiene empresas nacionales y algunas de ellas son de las más rentables del mundo.
