Trabajo de www.talcualdigital.com
Como si de una tradición se tratara, el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, dio cifras en detalle sobre diversos delitos y violaciones a los derechos humanos en una rueda de prensa este 27 de septiembre, en lugar de publicar los informes de gestión del Ministerio Público.
Desde 2015, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, el MP no divulga informes de gestión. El artículo 276 de la Constitución obliga al organismo a entregar este documento ante la Asamblea Nacional, además de hacerlo público.
La falta de publicación de estos documentos impide conocer datos específicos sobre delitos como homicidios, narcotráfico o femicidios, por ejemplo. También atienden a la discrecionalidad de Saab, quien informa sobre número de imputaciones, acusados o condenados en el mejor de los casos, pero no hace énfasis en la cantidad de denuncias por año.
También llama la atención sobre la disparidad de cifras que maneja el fiscal en cada alocución pública. Ya en abril, a propósito de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, este medio revisó los datos ofrecidos no solo sobre los arrestos de ese caso, del cual las autoridades no han dado mayor información pública, sino sobre casos de corrupción, delitos contra niños, niñas y adolescentes, y violaciones de derechos humanos.
En esta oportunidad revisamos cifras sobre homicidios y violaciones de derechos humanos. El domingo 10 de septiembre, en una entrevista para Globovisión, el fiscal ofreció por primera vez datos sobre homicidios en el país desde que asumió el mando del Ministerio Público en agosto de 2017. Los números cambiaron para este miércoles 27 de septiembre.
Al analista Oscar Shemel le indicó que en el año 2017 contabilizaron 30.069 investigaciones por homicidio, mientras que en 2022 fueron 11.102. Desde el Ministerio Público, Saab aseguró que «en 2017 hubo 30.082 investigaciones por homicidios, mientras que en 2022 se registraron 11.115 (…) Estoy seguro de que los números seguirán bajando».
Justamente 13 casos de diferencia cada año. Según Saab, estos números representan «una disminución del 63% en un período de cinco años», pero en sus memorias y cuentas o ruedas de prensa por el aniversario del MP, donde brinda datos a finales de noviembre de cada año, no constan cifras sobre este delito particular.
Además se desconocen las cifras de los otros cuatro años, así como la cantidad de denuncias, procesados judicialmente o condenados. En todo caso, los datos que otorgó el funcionario sobre investigaciones por homicidio durante 2022 son 15% superiores a las que registró el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), una oenegé encargada de obtener información precisa sobre el fenómeno de la victimización y la percepción de inseguridad en el país.
A partir de los datos obtenidos del Informe Anual de Violencia 2022, difundido por el Observatorio, durante el año 2022 ocurrieron 9.367 muertes violentas.
Las discrepancias también se presentan en el apartado de violaciones de derechos humanos. Cabe aclarar que si bien existen datos sobre número de acusados, imputados y condenados, estos no están desglosados por año o tipo de delito. Tampoco se conoce el número de denuncias hechas anualmente por los ciudadanos y cuántas de ellas fueron efectivamente investigadas o procesadas por la Fiscalía y el sistema de justicia venezolano.
El pasado 10 de septiembre dijo que «las denuncias pasaron de ser 13.234 en el año 2018 a ser 8.177 en el año 2022 (…) En medio de ello hemos logrado la imputación de 1.849 funcionarios de seguridad del estado y 67 colaboradores para un total de 1.916 imputados».
Este 27 de septiembre aseguró que «desde el año 2018 las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos han bajado un 42%. En números brutos, las denuncias pasaron de 13.234 en 2018 a 7.639 en 2022». ¿Qué pasó entonces con 538 denuncias del año pasado?.
Hace 17 días, el fiscal Saab también señaló que privaron de libertad a 936 personas (879 funcionarios y 57 colaboradores), imputaron a 1.916 (1.849 funcionarios de seguridad del estado y 67 colaboradores), se acusaron a 1.043 funcionarios y 103 civiles y se lograron 465 sentencias condenatorias.
«En total, desde nuestra llegada al Ministerio Público se han imputado a 2.053 personas por violaciones a derechos humanos. Han sido acusados 2.304 involucrados. Han sido privados de libertad 955 y hemos logrado 509 personas condenadas. Es una cifra importante», dijo este 27 de septiembre.
Esto se traduce en 137 nuevas imputaciones, 1.158 nuevos acusados, la detención de 19 personas y 44 nuevas condenas por violaciones de derechos humanos en menos de 20 días. Un «logro» sobre el que no se puede hacer auditoría real.
