La contaminación de las aguas y los suelos por sustancias tóxicas como el mercurio, empleadas en la extracción ilegal de minerales en Amazonas y Bolívar, ha limitado las actividades agropecuarias indígenas y los obliga a incursionar en la minería. Además, las mujeres y niñas – de hasta 10 años– que realizan labores domésticas y trabajo sexual en el Arco Minero se ven sometidas a condiciones de salud e higiene precarias, según el conversatorio impulsado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), este 25 de septiembre a través de X Spaces.
La actividad se tituló «Violencia contra mujeres y degradación ambiental en el Arco Minero» y contó con la participación de Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier Venezuela, y Eumelis Moya, abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), núcleo Guayana, quienes expusieron los hallazgos de investigaciones realizadas por ambas entidades respecto a la situación de emergencia en el Arco Minero del Orinoco (AMO).
Mendoza indicó que en el noveno informe sobre sobre la Situación de las mujeres y el ambiente en Venezuela en el marco de la revisión del Estado Venezolano ante la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) destacaron las consecuencias de la minería ilegal como los impactos ambientales, destrucción de territorios ancestrales indígenas y la contaminación general por el uso de sustancias tóxicas – como el mercurio- utilizadas en la explotación de minerales, una situación que vienen denunciando los líderes indígenas y defensores de la naturaleza de los estados Amazonas y Bolívar.
La investigadora resaltó que la contaminación se está extendiendo y que hay estudios que demuestran la presencia de mercurio en distintos pueblos indígenas, yanomamis, pemones, yekuanas y sanemas, que incluso se ha extendido hacia comunidades no indígenas en El Callao, Isla Ratón y otras zonas de curso del Orinoco. También, manifestó que el Estado venezolano no ha ratificado el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y que al ser cuestionados en el CEDAW sobre esto, no ofrecieron respuestas precisas.
»(…) Desde el 2016 hay una prohibición del uso de mercurio, pero la realidad es que es ampliamente usado para la actividad minera en Venezuela (…) y sin ningún tipo de política pública para atender a los peligros del uso de esta sustancia», declaró.
En la investigación también se destacó la incorporación de temas como la esclavitud moderna, trata de persona, explotación de mujeres, adolescentes y niñas – especialmente indígenas- en las llamadas «currutelas», y la «violación de derechos generalizada (…) como ya hemos visto con situaciones como la masacre de Yapacana», ocurrida a mediados de este mes».
Es un panorama que no solo tiene que ver con la falta de presencia del Estado, o sus acciones de corrupción en la zona, sino también con la presencia de grupos armados irregulares, los denominados «sindicatos», que controlan estos sitios y se vuelven un «paraestado», explicó Mendoza.
Lo que quedó para los pueblos indígenas
La depredación del ambiente que contamina las aguas y arrasa con los suelos limita las actividades propias de los grupos autóctonos, como la agricultura y la pesca. Esta situación los acerca a la pobreza y, seguidamente, los empuja a la minería como única solución. Según Mendoza, este hecho facilita la «narrativa» de una «minería ecológica» que promueven algunos sectores, especialmente el gobierno.
»(…) No es solo la atención a la actividad minera lo que se exige el Estado, sino también la atención a las condiciones generales de la zona, porque solo si existen oportunidades, la posibilidad de tener una vida económica, atención de salud, garantía de derechos, es que las personas van a poder dedicarse a otras actividades», concluyó.
La investigadora advirtió que es necesario exigir al Estado políticas públicas integrales y acciones lógicas para atender esta situación y abandonar este modelo de explotación y saqueo del ambiente a costa del resguardo de nuestros bienes naturales »que tienen un significado tan importante en un contexto de cambio climático».
¿Qué pasa con la mujer en el Arco Minero?
A través de los resultados de la investigación »Formas Contemporáneas de Esclavitud en el Estado Bolívar, una perspectiva de género-sensitiva», Eumelis Moya aclaró el impacto diferenciado de los crímenes de los que son víctimas mujeres y niñas en los municipios Callao, Roció y Sifontes del estado Bolívar que hacen vida en el AMO, y como la ausencia generalizada de un enfoque genero-sensitivo ha decantado en la estigmatización de quienes hacen vida allí.
Detalló que desde el trabajo doméstico hay un perjuicio de la salud y la higiene por la escasez de agua o el acceso a líquidos contaminados, así como la preparación de alimentos en fogones, cuyo humo afecta sus pulmones y derivan en enfermedades respiratorias.
En lo que respecta el trabajo sexual, sin importar que la víctima haya ido por cuenta propia o bajo circunstancias engañosas, debe laborar en condiciones de privacidad e higiene poco apropiadas o nulas, a su vez deben hacer una erogación para su protección y permanencia en esos lugares. Aunado a este punto, se encuentran los matrimonios forzados a temprana edad, donde desde el CDH han calculado un 35% de afectación, »siendo modestos».
Indicó que las edades para iniciar el trabajo sexual han disminuido de forma considerable, con la participación de »niñas de 7 y 8 años que realizan trabajo sexual en las plazas». Agregó como preocupación la propagación de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), con niñas de hasta 10 años en estado de gravedad, junto a las altas cifras de embarazos adolescentes, con un 25% dentro de los embarazos generales reportados en el estado.
»(…) Hablar del tema requiere sentarse, detenerse y empezar a evaluar los segmentos de una manera interseccional», declaró, refiriéndose a la complejidad de la afectación sobre las mujeres, que varía por edades y grupos étnicos.
La abogada también expresó las dificultades para visibilizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el AMO, por el peligro que implica investigar la zona con la presencia de los grupos irregulares. Al denunciar los hechos, lo hacen de manera cuidadosa »porque es una responsabilidad muy grande ser voz de las personas que están en esa situación».
Explicó que a la hora de visibilizar lo que ocurre »hay que hacer muchísimo énfasis (…) con los medios de comunicación de cómo hacer un enfoque que respete esas condiciones, la inclusión, la afectación diferenciada, que se respete la interseccionalidad y se genere en el colectivo la necesidad de no naturalizar las situaciones».
