La presidenta peruana Dina Boluarte se encontraba el miércoles en la fiscalía para declarar en una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves ocurridos durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de 60 muertos en tres meses.
Esta la segunda vez que Boluarte acude a declarar. Más de un centenar de policías se ubicaron alrededor de la fiscalía para controlar posibles desmanes. Los agentes colocaron rejas en las cuadras cercanas para impedir el libre tránsito en esa zona del centro de Lima. El carro de la mandataria, con vidrios polarizados, ingresó a la sede del Ministerio Público sin detenerse.
Las protestas dejaron 67 muertos y más de 1.900 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos eran civiles, la mayoría recibió proyectiles de arma de fuego y algunos fueron impactados por tiros en la cabeza.
El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el ex primer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre cuando su antecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentó disolver el Parlamento y fue destituido. Castillo está detenido en forma preventiva por 18 meses mientras es investigado por el presunto delito de rebelión.
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Desde entonces comenzaron a encenderse las protestas en las zonas rurales del sur de los Andes que exigían la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron hasta llegar a Lima, pero se apaciguaron desde mediados de febrero.
No obstante, el Congreso decidió adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuatro planes para acortar el mandato de Boluarte y de los legisladores fueron archivados por no alcanzar los votos necesarios.
