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Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), afirmó que las autoridades penitenciarias contribuyeron en la construcción de todo lo que se dio a conocer que había en la cárcel de Tocorón: parque infantil, discoteca, cancha de fútbol, gallera, zoológico y más.
En una entrevista con el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, explicó que, en cualquier establecimiento carcelario venezolano, existen dos tipos de autoridades responsables: la Guardia Nacional, dependiente del Ministerio de la Defensa, y la custodia interna, bajo la responsabilidad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Lo que implica que cualquier cosa que ingrese a la prisión debe contar con el permiso de la Guardia Nacional.
Prado calificó tajantemente la situación de Tocorón como “ineptitud total y complicidad” de las autoridades, especialmente por la fuga de Héctor Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder de la megabanda criminal el Tren de Aragua, cuyo paradero aún se desconoce.
El OVP recibió informes de familiares de reclusos que hablan de heridos, torturados y ejecutados por parte de los funcionarios, pero continúan investigando en las distintas morgues para determinar el destino de los presuntos asesinados.
Instauración de un “sembranato”
Prado recordó que en 2011, el entonces Hugo Chávez creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y nombró a Iris Varela como ministra.
En ese momento, el OVP tenía la esperanza de que esta figura ministerial tomaría medidas para atender la violencia, desnutrición, falta de servicios básicos y la clasificación de los reclusos, según su delito y grado de peligrosidad.
Sin embargo, Prado señaló que lo que se produjo fue lo que él llamó un “sembranato”: es decir, la expansión del Tren de Aragua a varios estados de Venezuela y a países extranjeros como Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Panamá.
No obstante, dentro de Tocorón se estableció un sistema de extorsión, con presos cobrando impuestos que oscilaban entre 15 y 30 dólares. Asimismo, operaban todo tipo de actividades ilícitas como secuestros, tráfico de drogas, armas y humanos, e incluso se hacían mercados donde las personas de la zona compraban productos.
Prado concluyó diciendo que las autoridades deben cumplir con los estándares y manuales internacionales que exigen un funcionario de seguridad por cada 10 reclusos, además de equipos técnicos para atender todas las áreas (social, legal, deportiva, educativa y religiosa), a fin de garantizar la rehabilitación y reinserción social de los internos.
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