El gobierno de Nicolás Maduro descalificó, en las Naciones Unidas, el informe presentado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, como ha ocurrido cada vez que ésta presenta sus informes, tildándolo de político.
Pero, sigue persiguiendo, deteniendo y torturando a indefensos ciudadanos como ha ocurrido recientemente con el joven John Álvarez, estudiante de antropología en la Universidad Central de Venezuela y de derecho en la Universidad Santa Rosa, quien ha sido torturado físicamente, declaró el doctor Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos.
Como en el país no ha habido justicia para los crímenes de lesa humanidad, el fiscal general de la Corte, abogado Karim Khan, vino a Venezuela e hizo firmar a Maduro el acuerdo de complementariedad para que se investigaran los casos denunciados.
Khan pidió que el sistema de justicia fuera más autónomo, pero no se cumplió y por tal razón, no han sido investigados, ni enjuiciados los jefes policiales y militares que ordenaron la comisión de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos
La Corte ha determinado que la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad recae sobre funcionarios de alto rango, desde jefes de Estado en actividad a funcionarios del alto gobierno, comandantes de cuerpos policiales y militares; no, a policías o soldados.
Cabe recordar que crímenes de lesa humanidad fueron cometidos con la aplicación del Plan Zamora, pero hasta ahora ningún funcionario de alto nivel ha sido citado y, en consecuencia, la Corte no sólo ha atendido las denuncias de casi 9 mil casos y mantiene abierta la recepción de nuevas denuncias sustentadas con pruebas.
Igualmente es bueno resaltar que el gobierno, primero, ha querido retardar las investigaciones y pretendió descalificar a los expertos que las llevaban a cabo; pero no ha podido; en segundo término, trató de impedir que las víctimas y sus familiares no participaran en el proceso, e igualmente fracasó en su intento; y el tercer intento fue el de recurso de apelación, pero la Corte ordenó que la investigación continuara.
Todos los recursos intentados por el gobierno para impedir que la Corte prosiga su trabajo, han fracasado, manifestó el doctor Narváez. Y es por ello que estamos planteando que el informe de la Misión Independiente sea consignado a la Corte Penal Internacional, para darle mayor fuerza a las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
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