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Este martes, 26 de septiembre, la ONG Control Ciudadano solicitó a la Fiscalía y demás autoridades «determinar las responsabilidades» de funcionarios civiles y militares «que permitieron que, durante la última década, se instalará la minería ilegal» en el parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas.
«Control Ciudadano exhorta al Ministerio Público y demás autoridades competentes a determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios públicos, civiles y militares, con competencia de guardería ambiental, por la omisión de su deber de impedir los daños ecológicos ocasionados al parque nacional Yapacana», pidió la ONG en un comunicado.
La organización destacó que, si bien las autoridades militares han detallado el despliegue de más de 25.000 militares en Yapacana para «erradicar, definitivamente, la minería ilegal» y el desalojo de más de 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales» desde el 1 de julio, hasta la fecha no se han determinado responsabilidades por la omisión del deber de «guardería ambiental».
Desde julio, la Fuerza Armada ha llevado a cabo múltiples operativos en la Amazonía venezolana que han resultado en la expulsión de más de 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales» y en el desmantelamiento de «más de 4.500 estructuras tipo campamentos» usadas para la práctica ilícita de esta actividad, según la institución castrense.
El pasado jueves, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó de la detención de 51 personas acusadas de practicar la minería ilegal en la Amazonía, 42 de ellas extranjeras, de las cuales 37 son de nacionalidad colombiana, dos brasileños, dos ecuatorianos y un peruano.
El militar dijo recientemente que un tribunal ha autorizado la aplicación de «medidas judiciales precautelares» contra los acusados de practicar la minería ilegal en Yapacana.
Se deben vigilar los DDHH y uso proporcional de la fuerza
Un trabajo publicado en el portal web TalCual destacó que las operaciones de la Fuerza Armada Nacional (FAN) contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana pasan por el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
El portal reseñó que el investigador y profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en Relaciones Internacionales, seguridad y Defensa, indicó que a la Fuerza Armada no le corresponden este tipo de operaciones salvo que esté en juego la defensa territorial.
Puntualizó que, en una misión de no guerra, debería haber un criterio de «supervigilancia» respecto a los derechos de los grupos originarios y también reportes de derechos humanos.
Vladimir Aguilar, director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA, refiere que en la zona «ha habido excesos, pero también quienes están haciendo la minería han violado los derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza».
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