Exigir a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro ofrecer información confiable sobre los resultados de la “Operación Cacique Guaicaipuro” –entre ellos el paradero de los líderes del denominado Tren de Aragua–, y a los representantes del Ministerio Público investigar a fondo los hechos que derivaron en la consolidación de una poderosa red delincuencial que hoy tiene alcance internacional.
En efecto, la legítima Asamblea Nacional debatió este martes los hechos registrados la semana pasada durante la intervención del centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua.
El diputado Guillermo Palacios (Un Nuevo Tiempo), al abrir el debate indicó que el régimen de Nicolás Maduro está intentando manipular a la opinión pública y convencerla de que está tomando decisiones ejemplares en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y a la preservación de la seguridad ciudadana. Sobre el sistema de justicia, apuntó que éste “hace poco mérito a su identificación, porque en estas oficinas impera el trato comercial para posponer o adelantar los procesos”. Por ello cree que lo que ocurre con el sistema penitenciario de Venezuela “responde a la corrupción institucional generalizada” y a la ausencia de una política adecuada para adecentar las cárceles.
Recordó que hace mes y medio, el régimen celebró el 12º aniversario del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y sus voceros indicaron que lograron transformar el régimen penitenciario, cuyo objetivo principal es “garantizar la celeridad procesal, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los privados de libertad”. “Esta expresión de un ministro del régimen es solo eso, palabras –dijo Palacios–, porque la realidad contrasta con lo dicho. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los últimos años han muerto o han sido heridas en las cárceles más de 25.000 personas. El Plan Cayapa de Iris Varela fue un fracaso, al punto de que uno de los graves problemas que existe es el hacinamiento carcelario y la violación del derecho a que se cumplan las garantías procesales. Este es un problema de Estado”.
De la población reclusa en 2022 estimada en 35.000 personas, manifestó, solo 40% están condenadas. Además, el 70% de la población reclusa se encuentra en 14 cárceles de las 45 operativas. “Son 12 años donde la corrupción y el pranato han ganado la guerra en el sistema penitenciario. ¿Dónde están los 24 establecimientos carcelarios que en 2012 el régimen ofreció construir por intermedio de Iris Varela?”, se preguntó; al tiempo de señalar que el régimen hace un chiste de la intervención de Tocorón, cuya diferencia con las otras cárceles del país “es que guarda una extraordinaria similitud con la catedral de Pablo Escobar, que no era una prisión cualquiera” y en la que se disfrutaban de todos los beneficios aportados por el narcotráfico. “(Tocorón) fue un sitio de reclusión pactado para garantizar a la delincuencia la vida y sus actividades”.
Para cerrar se preguntó si el régimen desconocía los lujos que existían en Tocorón, una cárcel con capacidad instalada para 750 reclusos y que albergaba cerca de 3.000. “El sistema penitenciario de Venezuela confronta muchos problemas tales como el hacinamiento, violación flagrante de los DDHH, precario estado de los penales, carencia de servicios básicos indispensables como el agua, la alimentación debida, la falta de salud, la corrupción y la presencia de armas y drogas”. Por esta razón, propuso a la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional investigar el tema y elevar la denuncia al Alto Comisionado para la Defensa de los DDHH de la ONU. Asimismo, solicitar medidas de protección para los penales y centros de reclusión ante los organismos internacionales y exigir la determinación de responsabilidades.
Diputado Caro: “Lo bueno y lo malo de una cárcel entra por la puerta”
El diputado Gilber Caro (Voluntad Popular), recordó que Tocorón fue construida en 1983 bajo el mandato de Luis Herrera Campíns, con el fin de rehabilitar, reinsertar e reincorporar a los ciudadanos en la sociedad. “Pero lejos de esto se convirtió en lo que el mundo vio. Quedamos atónitos con el túnel de más de 4 kilómetros de largo. Me pregunto ¿Dónde estaba el director del penal que no vio por dónde salieron los camiones de tierra cuando construyeron ese túnel? ¿Dónde estaba el capitán de la Guardia Nacional que vigilaba ese centro penitenciario? Pero también vimos la cantidad de armamento de guerra que no se vende en una farmacia, sino que salió de la Fuerza Armada de Venezuela”, agregó, al tiempo de exigir que se determinen los responsables.
En este punto recordó la propuesta que hicieron en otra oportunidad del Plan Venezuela Territorio Seguro que consta de cuatro eslabones: 1) un sistema policial que dote de armas, patrullas, uniformes y un sueldo digno al funcionario para que pueda vivir bien, pero que también le permita estar en constante formación profesional; 2) un sistema de prevención que pasa por invertir recursos en las escuelas y en la educación de los niños, porque corregir al niño de pequeño te evitará castigarlo de adulto; 3) un sistema judicial con jueces y fiscales que se aboquen a hacer su trabajo, a descentralizar los expedientes, que condenen y que impartan justicia rápida y expedita para el ciudadano; y 4) un sistema penitenciario armónico, tal como lo prevé la Constitución, en el que las cárceles sean descentralizadas, gestionadas por penitenciaristas profesionales.
Caro recordó que la idea es que el ciudadano que ingresa a una cárcel, sea mejor al salir a las calles. Venezuela, enfatizó, clama por justicia y a los fiscales les pidió compromiso y buscar a los culpables, “porque allí hay complicidad. Desde esta AN repudiamos lo que pasó en Tocorón y exigimos que en algún momento, salga a la luz la verdad. Pero eso pasará por el cambio del sistema político. El sistema penitenciario fracasó en su totalidad. Lo de Tocorón no fue un éxito. Estoy seguro de que no han salido hasta hoy los culpables de dejar entrar lo que allí entró. Lo bueno y lo malo de una cárcel entra por la puerta”.
Diputado León: “La situación de las cárceles ha empeorado”
Por su parte, el diputado Ismael León (fracción 16 de Julio), hablar de Tocorón es hablar del resto de las cárceles del país porque todas tienen el mismo patrón que quedó al descubierto, recordó, cuando su colega el diputado Richard Blanco –en su momento presidente de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario–, presentó su informe de gestión ante el parlamento. “Entonces hizo un análisis muy exhaustivo. Y hasta la fecha nada de lo allí planteado ha mejorado, por el contrario, ha empeorado. En las cárceles hay hacinamiento, hay crisis de salud para los presos y para las familias de los presos. No hay clasificación de los presos, están todos juntos y revueltos; lo que se vive en las cárceles es impresionante, es una situación compleja, porque no hay un Estado que atienda la crisis penitenciaria”.
Sobre Tocorón dijo que se convirtió “en un show político. Once mil hombres van a desalojar Tocorón y esos 11.000 hombres descubrieron que había discoteca, canchas deportivas, galleras, y una cantidad de armas de guerra. Los presos saben que tenían las armas, pero ¿Quién dejó que entraran esas armas? Esa es la pregunta que se hacen todos los venezolanas y cuya respuesta esperan de un Estado serio. Pero eso no es lo que responden, ellos dicen que hay un culpable y que además identifican como Antonio Ledezma”, agregó. León desestimó los señalamientos hechos contra quien definió como “un luchador por la democracia y la libertad en el país”, ofreciendo pruebas del trabajo social que hizo en Caracas –cuando Ledezma fue alcalde–, destinado a evitar el crecimiento de la delincuencia en los barrios de Caracas y la atención de los llamados “niños de la calle”.
Diputada Eulate: *”Investigar complicidad y solapamiento”
La diputada Milagros Eulate (Acción Democrática), vicepresidente de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario, se refirió a la “Operación Cacique Guaicaipuro” que el pasado 20 de septiembre se llevó a cabo en Tocorón y que el régimen calificó de exitoso. “Los venezolanos vimos con estupor la forma de operar de los pranes, luceros y demás miembros de la banda (Tren de Aragua)”. Aseguró que muchos de esos presos están esclavizados por no tener los recursos económicos para pagar uso de áreas y servicios, “lo que ellos llaman ‘la causa’, dirigida por los pranes que operan como magnates. Tal es así que construyeron prácticamente un resort en todo el recinto carcelario: discoteca, zoológico, parque de diversión, cajeros automáticos, mini hipódromo, galleras, restaurant de lujo, casino, vivienda de dos pisos para los pranes, casas modestas para los miembros de la banda donde vivían con sus familiares, un túnel sin precedentes”, además de depósitos de armas de guerra, salas de minado de criptomonedas, jardín de infancia, piscina, visitas especiales, motos de alta cilindrada, y salidas y entradas por los túneles de los reclusos.
“Estos hechos tienen antecedentes históricos de complicidad y solapamiento de los distintos cuerpos de seguridad del Estado –dijo la diputada Eulate–. Nada de esto es posible sin cómplices. La operación cívico-militar tenía como objetivo principal desalojar y reestructurar el centro. Pero su desarticulación solo funcionó para los espacios, dado que los líderes de la banda criminal no fueron capturados. Hasta ahora se desconoce el paradero del cabecilla o si se encontraba en Tocorón al momento del operativo. Los investigadores del tema penitenciario, refieren que, al parecer, hubo una alta posibilidad de que haya sido negociada la entrega del penal, por cuanto no hubo enfrentamientos ni hechos violentos como en otras cárceles. Pero sí se incautó un arsenal de armas de guerra que deberían estar en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, sentenció.
La parlamentaria agregó que para el momento del operativo se encontraban mujeres, niños y personas de la tercera edad que alegaron vivir de forma permanente en el recinto carcelario. “¿Qué pasa con los niños que viven allí? ¿Quién garantiza sus derechos? ¿En qué ambiente están obligados a vivir? Un llamado a las autoridades que deben velar por los derechos y las garantías de los niños y adolescentes”. Además, según declaraciones del Ministro de Justicia Remigio Ceballos, “el ciudadano Héctor Guerrero Flores, alias ‘El Niño’ Guerrero, líder de El Tren de Aragua, gozaba de libertad plena, pero de manera inexplicable alega que tiene varias causas y orden de aprehensión y, aparentemente, operaba desde la cárcel y habría huido, junto al resto de su banda, a través del túnel”.
La diputada Eulate pidió condenar y repudiar la desinformación oficial y exigir resultados concretos de la operación, entre ellos la cantidad cierta de presos fugados. “El régimen debe investigar quiénes dieron la permisología para la construcción de distintas edificaciones; de la entrada de materiales de construcción que no pueden pasar en un maletín sino en grandes camiones; así como la salida de la tierra del túnel que se excavó. Nada es posible sin delincuentes de gran peso que ordenan a los funcionarios de seguridad. El querer convivir con la delincuencia con objetivos políticos se les escapó de las manos y terminó hoy en el archiconocido Tren de Aragua, que afecta no solo a Venezuela sino a otros países de la región. No se puede ir en un mismo juego a los ángeles y a los demonios al mismo tiempo. Eso ha caracterizado al régimen, complicando al final la seguridad de todos los ciudadanos que debe ser garantizada por el Estado”.
Diputada Figuera: Gobierno debe garantizar la justicia y el Estado de derecho”
La presidente de la Asamblea Nacional, diputada Dinorah Figuera, cerró el debate condenando el fracaso de las políticas públicas del régimen en materia penitenciaria. “La constitución de una trama delincuencial a nivel nacional, cuyos delitos son ejercidos desde los centros penitenciarios. No solamente estamos hablando del diagnóstico de esta supuesta gestión en la que se descubrió un túnel, sino también de los sobornos y acciones delictivas vía telefónica, contra los negocios en todo el estado Aragua, obligando a las personas a pagar vacuna”, señaló precisamente quien fue electa diputada por esa entidad federal en 2015. “El régimen ha dado luz verde a las acciones delictivas, a la constitución y vinculación de círculos del terror que cohabitan con estas acciones, y donde hemos visto a actores principales del régimen, como es el caso de Iris Varela, fotografiándose públicamente con los pranes, que son el ejemplo del liderazgo negativo, en el sentido estricto de la palabra”, indicó.
Lamentablemente, reconoció que Aragua es escenario de hechos tan abominables como la constitución de esta red (Tren de Aragua) y el pueblo es víctima de ello. A su parecer, lo más injusto es la pretensión del régimen de ocultar hechos públicos y notorios, denunciado por periodistas y personas que trabajan en el área del tema penitenciario, “que han denunciado el teatro que monta el régimen de Nicolás Maduro para tratar de lavarse la cara frente a la opinión pública internacional en materia de derechos humanos y en lo que respecta al Estado de derecho”.
También cuestionó que el Tren de Aragua tenga en su poder un arsenal bélico con el que generan terror no solo en Aragua sino también en todo el país y fuera de él, especialmente en países suramericanos donde han tejido una red internacional. “Condenamos este hecho y trabajamos por un cambio estructural en el país, un cambio político, primero a través de la elección primaria del 22 de octubre y luego en las elecciones presidenciales de 2024.
ecesitamos un gobierno que garantice la justicia y el Estado de derecho, así como los cambios estructurales en el sistema penitenciario y que además ofrezca la posibilidad de que los venezolanos puedan vivir en un país con calidad de vida”.
