Trabajo de www.talcualdigital.com
Las operaciones de la Fuerza Armada Nacional (FAN) contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana pasan por el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
En esto coinciden investigadores consultados por TalCual sobre el protocolo a seguir en estos casos y tras los enfrentamientos entre efectivos militares y presuntos mineros ilegales que, de acuerdo con el Ministerio de la Defensa, dejaron un saldo de dos fallecidos y seis heridos.
La ONU señala que la minería ilegal es ejecutada «por una persona, física o jurídica, o un grupo de personas, sin cumplir los requisitos de la legislación o los reglamentos administrativos aplicables que rigen esas actividades; o se lleva a cabo en zonas en las que está prohibido realizar tales actividades o utilizando equipo, artefactos o sustancias químicas prohibidos».
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), general en Jefe Domingo Hernández Lárez, reiteró el 22 de septiembre que: «Nuestro ordenamiento territorial establece cuáles son las zonas de seguridad protegidas por el Estado. La Ley del Ambiente dice cuáles son los usos prohibidos, dentro de los cuales están desde la permanencia hasta la explotación minera. Los invasores que desafíen al Estado y sus leyes obtendrán lo que se merecen, pues eso es lo que han buscado».
En Amazonas, señaló el alto oficial, «la FAN está activada como órgano investigador en la Operación Autana, en las misiones encomendadas por el Ministerio Público, con la participación de un equipo multidisciplinario para el establecimiento de las responsabilidades penales individuales por la comisión de un hecho punible por delitos ambientales y los ataques a los centinelas de la patria soberana».
Cristián Garay, profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en Relaciones Internacionales, seguridad y Defensa, indica que a la Fuerza Armada no le corresponden este tipo de operaciones salvo que esté en juego la defensa territorial.
«El hecho de que los militares están allí (en Yapacana) es porque ninguna agencia del gobierno fue capaz de garantizar la soberanía. Eso significa la incapacidad del Estado venezolano. Si hay unidades haciendo eso lo que está es mostrando que el Estado venezolano es una suerte de un Estado fallido», señala.
Garay explica que hay misiones tradicionales, otras que no lo son, y dentro de ellas hay algunas de no guerra. Asimismo, destaca que el protocolo debería referirse a la protección de los recursos minerales.
«Es una misión de no guerra, los protocolos que tendrían que estar vigentes solamente se podrían referir a no cometer actos violatorios de los derechos humanos y el principio de proporcionalidad de la fuerza.Este principio consiste en que el poder de fuego que se aplica tiene que ser conteste con la naturaleza del grupo al que se encuentran enfrentándose», puntualiza el investigador Cristián Garay.
Afirma que en estas operaciones de la FAN en Yapacana no rigen las normas del derecho internacional de los conflictos armados: son funciones de soberanía, pero al interior del territorio.
«Supongo que habrá algunas limitaciones nominales a lo que podría enfrentar la Fuerza Armada», acota. El especialista explica que el exceso de fuerza constituye violaciones a los derechos humanos y que el uso proporcional de la fuerza es un criterio también relacionado con la oportunidad y el contexto; por lo tanto no es un concepto absolutamente delineado.
Sobre el uso de la fuerza, en la sesión online de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 del martes 19 de septiembre, el diputado Luis Barragán (Encuentro Ciudadano) señaló: «Un grupo de militares, que los suponemos lo suficientemente preparados para afrontar cualquier situación, alegó un ataque de grupos de civiles de venezolanos indígenas, quienes los atacaron, entre otros instrumentos, con armas y flechas. Se trata de un empleo del uso de la fuerza y ha sido desproporcionada la reacción de estos militares, cuyo entrenamiento también debe pasar por tareas de disuasión, de evitar el baño de sangre».
Operaciones de la FAN y vigilancia
Por otra parte, el profesor Cristián Garay puntualiza que, en medio de las operaciones de la FAN en el combate de la minería ilegal, debería haber un criterio de «supervigilancia» respecto a los derechos de los grupos originarios y también reportes de derechos humanos.
«Pero, no hay que olvidarse que estas son bandas criminales, ya sean terroristas, de minería ilegal o mixtas. Yo entiendo que opera en la zona una especie de consorcio», apunta.
Enfatiza que no tiene interés en extender el criterio de los derechos humanos a grupos criminales. Pero, la situación afecta a los grupos indígenas y eso causa la contaminación de sus aguas, que están en el fuego cruzado, que son objeto de explotación sexual, que se les obliga al trabajo esclavo.
«Entonces, las Fuerzas Armadas venezolanas de Nicolás Maduro están interviniendo esto. Pero, cuidado, que esos grupos son criminales en Venezuela, en Chile, en Perú y en cualquier lugar», señala.
Garay dice que es diferente la situación de los grupos indígenas a la de grupos como los del ELN y la FARC.
Vladimir Aguilar, director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (ULA), refiere que en el Parque Nacional Yapacana «ha habido excesos, pero también quienes están haciendo la minería han violado los derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza. Los que son indígenas han renunciado a sus derechos territoriales que desde los derechos indígenas son la expresión del derecho a la vida y a la cultura, los cuales son irrenunciables».
Aguilar enfatiza que la minería, a pequeña escala, se practicaba en el Yapacana antes de su declaratoria como área bajo régimen de administración especial.
«Evidentemente con la expansión de la frontera extractivista mediante actividades hidrocarburíferas y de minería ilegal, la situación en el Yapacana, al igual que en el resto de áreas protegidas y territorios indígenas al sur del Orinoco, se ha vuelto más compleja», afirma el investigador de la ULA.
Señala que las comunidades indígenas que practican la minería son una minoría: «La mayoría depende de la despensa amazónica, es decir, esas fuentes de vida, bosque, agua y oxígeno, que les provee el bosque amazónico».
Asimismo, Vladimir Aguilar asevera que el retorno del Estado a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Belén, en agosto de 2023, «obligan al gobierno a enviar mensajes de compromiso ambiental en una región amenazada por el extractivismo».
Destaca que no deben olvidarse los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales (1989).
En un comunicado, la Organización Regional Indígena (Orpia), que agrupa a representantes de los 20 pueblos indígenas de la Amazonia Venezolana, exhortó al Estado venezolano «a la valoración de las acciones militares emprendidas en el Parque Nacional Yapacana, las cuales tienen varios meses sin los resultados esperados, produciendo una estampida de mineros ilegales hacia otros territorios indígenas».
Orpia también solicita que los hechos de violencia en Yapacana no queden impunes.
Reportes de Yapacana
El Ceofan reportó el 21 de septiembre que, desde el 1 de julio, las autoridades militares y los organismos de seguridad ciudadana han desalojado 13.902 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana, «quienes arbitrariamente y violando el ordenamiento jurídico territorial, además de otras leyes como la Ley del Ambiente y Ley del Agua, se establecieron en zonas de seguridad del Estado con el objeto de destruir la naturaleza con actividades de minería ilegal».
En ese sentido, las autoridades militares reiteran que Venezuela es un Estado democrático de derecho y de justicia, «donde respetamos los derechos ambientales y los hacemos respetar».
Hasta el 21 de septiembre, según el seguimiento que hace la ONG Control Ciudadano, la Fuerza Armada detuvo 51 personas en la Operación Autana: 42 extranjeros y 9 venezolanos.
