La Misión de Determinación de Hechos para Venezuela presentó el cuarto informe de actualización sobre el caso ante los Estados miembros del Consejo y Organizaciones No Gubernamentales; seguido de un diálogo interactivo entre los asistentes quienes expresaron sus puntos de vista sobre la represión de las disidencias en el país y las restricciones al espacio cívico y político.
Algunas representaciones exigieron al régimen de Maduro que se desmonte el aparato represivo, que se detengan las violaciones a los derechos humanos y la tortura sistemática, así como elecciones libres, el fin de la censura y la liberación de los presos políticos.
En la discusión del informe se resaltó el cierre del espacio cívico democrático y la falsa disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que mutó hacia lo que actualmente es la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
Al respecto, el periodista Luis Carlos Díaz, quien estuvo presente en la sesión, publicó en X, la cadena de mando de la nueva DAET, en la cual tienen cargos clave «muchos de sus oficiales» identificados por cometer crímenes de lesa humanidad en la anterior FAES.
La representación de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, mostró su preocupación por las violaciones a los derechos humanos, la reducción del espacio cívico, las detenciones arbitrarias a dirigentes sindicales y activistas sociales.
Canadá, representando a Chile, Guatemala, Ecuador y Paraguay, rechazó las inhabilitaciones políticas, las intervenciones a los partidos políticos y la privación a la sociedad de «elecciones justas y libres«.
“Pedimos que Venezuela coopere con los mecanismos de protección de los DDHH. Hacemos un llamado al gobierno venezolano a que detenga las violaciones de DDHH, cese la reducción del espacio cívico democrático”, manifestó Austria.
Alemania expresó su inquietud por la represión hacia la disidencia y el trato que reciben los activistas civiles encarcelados.
Asimismo, Estados miembros del Consejo reiteraron la importancia de la existencia de la Misión, el Reino Unido señaló que “el trabajo de la Misión es fundamental para documentar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y para que se sigan supervisando los derechos en el país”.
Por su parte, Uruguay expresó su rechazo por el uso de mecanismos de violación de derechos humanos y restricciones al espacio cívico, así como su preocupación por el uso de métodos sofisticados para acallar la oposición.
Francisco Cox, miembro de la Misión calificó como «historia de éxito» la existencia de la Misión, la participación de la Oficina del Alto Comisionado en terreno y el inicio de una investigación penal por la fiscalía de la CPI, a la vez. Señalando que «al parecer han surtido efectos» en disminuir la represión cruda, a pesar de persistir de forma selectiva, como la que se dirige hacia los líderes sindicales.
Finalmente, Miguel Pizarro, representante de la Asamblea Nacional para las Relaciones Exteriores y las Naciones Unidas, aseveró que la labor de la Misión seguirá siendo necesaria mientras en Venezuela se cometan violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, debido a su impacto significativo en la promoción de la justicia y la rendición de cuentas, así como en procedimientos legales y en evidenciar la crisis de derechos humanos.
