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Eliécer Antonio Madriz, venezolano de 27 años, desapareció el 17 de octubre de 2021 en la frontera colombo-venezolana. Vivía con su pareja en el corregimiento de La Parada, de donde se dirigió ese día a la ciudad de San Antonio del Táchira para tomar el transporte que lo llevaría a San Cristóbal, y de ahí agarrar la ruta al estado Guárico, de donde es oriundo.
El repentino viaje lo hizo por su mamá, quien acababa de fallecer y quería estar en su cristiana sepultura. “Ese día, mi hermano me dijo que estaba ya en la unidad de transporte público, que solo le faltaban tres pasajeros para salir”, recalcó Rousel Alexandra Ortuño Madriz, quien luego no pudo tener más contacto con el joven.
Este caso, al igual que un aproximado de otros 160 venezolanos desaparecidos, maneja la organización Progresar en Colombia, a cargo de Wilfredo Cañizales, director de la asociación dedicada a la defensa de los derechos humanos en Norte de Santander y en la frontera con Venezuela.
En total, apuntó Cañizales en entrevista concedida en exclusiva para La Nación, la organización acompaña a 700 familias por desapariciones forzadas en Colombia, y de las cuales “cerca de 160 son venezolanos”, reiteró, al dejar por sentado que “ninguno de estos casos, a la fecha, ha sido resuelto”.
Al ver que pasaban las horas y su familiar seguía sin reportarse, Ortuño Madriz logró conseguir el número telefónico de la pareja de su hermano, con quien sumaba tres años viviendo. Ella le explicó que al ciudadano lo abordaron dos hombres, le preguntaron el nombre y se lo llevaron a la fuerza en una motocicleta. Desde ese momento, no volvieron a tener información sobre su existencia. El próximo 17 de octubre, cumple dos años desaparecido.
Según Cañizales, en Colombia se han registrado más de 140 mil casos de desapariciones forzadas por parte de grupos armados. “Nuestros servicios son totalmente gratuitos, no tenemos intermediarios. Hay acompañamiento jurídico, de defensa ante los tribunales y hacemos acompañamiento psicosocial por el doloroso crimen de lesa humanidad”, aclaró.
Quizá lo que más lamenta el presidente de la organización es la falta de voluntad por parte de la Fiscalía de Colombia y demás autoridades neogranadinas para avanzar en las investigaciones. “Estamos expectantes ante la petición que le hizo el presidente Gustavo Petro a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para iniciar la búsqueda de muchas de estas personas”, señaló. Inclusive, ya hay una comisión binacional conformada.
La ola migratoria atizó las desapariciones
Con la crisis migratoria que también ha tenido su foco por esta frontera, se incrementó el número de desapariciones de venezolanos en la zona. “Antes del cierre de agosto 2015, eran de dos a tres casos de venezolanos que se presentaban en el año”, dijo el presidente de Progresar.
Ya para los años 2017, 2018 y 2019, la cifra de venezolanos desaparecidos creció exponencialmente a 200 por año. “Muchas de las familias venezolanas que acompañamos en tan duro proceso están en Venezuela, y otras en el extranjero”, subrayó, para luego soltar lo siguiente: “Si las autoridades colombianas no responden por los desaparecidos colombianos, mucho menos lo van a hacer por los venezolanos”.
Adali Borjas Vilorio, de 25 años, y madre de dos menores, desapareció el pasado 8 de julio de 2020, tras haber emigrado de Venezuela a Colombia por la difícil situación económica de su país. En un principio llegó a Cali, donde realizó algunos oficios, gracias a los contactos que tenía de conocidos en la zona.
Su progenitora, Alida Vilorio, a quien le encargó el cuidado de las niñas, precisó que su hija, en vista de que el sueldo no era muy rentable, se trasladó a Nariño, donde consiguió empleo en una hacienda. “Les cocinaba alimentos a 20 hombres”, detalló. A los días, el patrón, de nombre Carlos, le comunicó que el trabajo concluía, pero le ayudaría a conseguir empleo en otra hacienda. Desde ahí, no volvió a tener información de su hija.
“No hay peor dolor que tener un familiar desaparecido, el no saber si está vivo o muerto, si está en la calle pasando hambre, si lo drogaron o si lo lanzaron a un río. Es un dolor que no cesa hasta dar con su paradero”, prosiguió Cañizales en una sala de reuniones, donde concedió la entrevista.
Fosas comunes
Wilfredo Cañizales resaltó que la organización cuenta con un observatorio de derechos humanos que tiene localizados, en mapas, los puntos donde pudieran estar esas fosas comunes y cuántos cuerpos pudiera haber en ellas. “Siempre tenemos la esperanza de que las autoridades van a ayudar”, indicó.
En el corregimiento de Juan Frío, en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, donde “grupos armados han operado con total impunidad, asesinaron durante 15 años a muchas personas, y fueron sepultadas con el objetivo de ocultarlos de sus familiares”, aseveró.
Se estima que, en la zona, hay aproximadamente seis puntos en los que en cada fosa se calcula que estén sepultados entre 100 a 150 cuerpos. “Hay campesinos testigos que han comentado de esas realidades”, puntualizó Cañizales, al tiempo que recordó que, del lado venezolano, también habría varias fosas que esperan, con las nuevas relaciones, ser revisadas.
“Tenemos contabilizados 30 lugares, donde presuntamente hay personas enterradas”, acotó Cañizales mientras lamentaba que, en los últimos cinco años, siete familiares han muerto sin saber del paradero de sus seres queridos. “Se fueron sin conocer respuesta”, indicó. El caso más longevo que maneja la organización data de 1985. Ya han transcurrido 38 años sin pistas de esa persona.
Campaña
Esta semana, en varios puntos de Norte de Santander, incluyendo el puente internacional Simón Bolívar, se inició la campaña denominada “¿Dónde están los desaparecidos de la frontera colombo-venezolana?”
La interrogante fue plasmada en grandes pendones. Algunos de ellos poseen las fotografías de decenas de desaparecidos, como el ubicado cerca del tramo binacional. “Es una campaña que tendremos activa hasta el mes de diciembre”, remarcó el presidente de la organización Progresar.
Yendri Pinillo, de 31 años, es otro caso venezolano que maneja la organización. Desapareció el 23 de marzo de 2021, según narró su madre, tras haber emigrado a Colombia en el año 2019.
El ciudadano, en los últimos meses, había recibido una propuesta para recoger café. Sin embargo, “cuando llega al lugar, no era eso, sino otra cosa la que tenía que hacer”, recordó su progenitora sin dar mayores detalles. A partir de ese momento, la comunicación con su hijo era rápida hasta que perdió total contacto con él. Lleva más de dos años sin saber de su paradero y con la angustia y el dolor atados a su corazón.
La organización Progresar se reúne constantemente con los familiares de los desaparecidos. Tan estrecha es la conexión, que comparten cumpleaños y algunas actividades como piscinadas y demás encuentros. El financiamiento proviene del exterior, en especial de países de Europa.
