Trabajo de www.talcualdigital.com
La intervención policial del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, ha dejado varias interrogantes no resueltas por las autoridades, pese a una declaración oficial del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en Jefe retirado Remigio Ceballos Ichaso.
Entre esas preguntas sin responder está la cantidad de presos que albergaba el recinto, cuántos se fugaron, cuántos fueron trasladados a otras prisiones o fueron recapturados en dos días. Otra es la situación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», pran de Tocorón y jefe de la megabanda Tren de Aragua, cuyos tentáculos se extienden por varios estados y al menos cuatro países de la región (Colombia, Chile, Ecuador y Perú).
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) insisten en que este operativo fue «un montaje, un show» orquestado por altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y el pran de esa cárcel, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero».
El OVP llegó a la conclusión entre la connivencia entre estos dos actores por tres elementos fundamentales:
- La diferencia con la toma de otros penales. Señala las tomas de El Rodeo I y II, que duraron 20 días, seguidos de la cárcel de La Planta, que duró alrededor de 20 días; el Centro Penitenciario de Mérida, que duró un día; la toma de la cárcel de Sabaneta, que también duró un día de enfrentamientos; la intervención de la Penitenciaría General de Venezuela, que duró 32 días. «Entonces resulta que la cárcel de Tocorón, que alberga al pran número 1 de una banda nacional e internacional, la toman en seis horas nada más», resalta su director Humberto Prado.
- Los propios audios de varios presos y familiares revelan que estaban al tanto de la toma del penal y huyeron antes.
- Los relatos de funcionarios. Comentaron al Observatorio de Prisiones que ya se había conversado y los pranes decidieron irse con sus lugartenientes y dejaron los de bajo rango: los gariteros.
«Eso nos lleva a la conclusión de que fue conversado entre el Niño Guerrero y autoridades del gobierno de Maduro, porque siempre se han manejado esas relaciones entre ese preso y los anteriores ministras y ministros, como se manejaba con Tareck El Aissami, Iris Varela y Mirelis Contreras (…) De lo contrario, todavía estarían echando plomo en ese penal con todo el arsenal que han mostrado», asegura Prado.
El abogado también hace hincapié en el estado de la población carcelaria. Señala que en Tocorón se estimaban 3.000 reclusos. Según comentaron funcionarios policiales a periodistas de Aragua, se trasladaron a 1.800 a otras cárceles.
«¿Dónde están los demás presos? Estamos frente la mayor fuga de la historia de este país», afirma Prado.
Tocorón y sus maravillas
El penal de Tocorón se manejaba con dos autoridades: una oficial, impuesta por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, y otra de hecho, que manejaba el «Niño Guerrero».
A diferencia de otra operación Guaicaipuro, pero en la Cota 905 en julio de 2021, el ministro Ceballos no dio detalles sobre el arsenal incautado dentro de la cárcel de Tocorón, que va desde cordones detonantes, municiones de distinto calibre, motocicletas, fusiles, granadas fragmentarias y de mortero, explosivos, lanzacohetes, hasta máquinas para la minería digital y drogas.
Un funcionario policial que participó en la intervención contó a Efecto Cocuyo que desalojaron al menos 250 personas entre mujeres, niños y niñas que vivían o estaban de visita en el penal.
Ese funcionario también aseveró que entre 16 y 18 reclusos fallecieron durante las dos horas de enfrentamiento con los cuerpos de seguridad. Los cadáveres fueron levantados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero no fueron reportados durante el balance sobre el operativo que ofreció el ministro Remigio Ceballos Ichaso un día después.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones señala que «no puede sorprender» lo incautado dentro de esta cárcel, debido al tamaño de una megabanda que controlaba el negocio de tráfico de armas, extorsión, tráfico de drogas, además de trata de personas y explotación sexual.
«Esa sede era la base donde se sentía más resguardado por la propia población, por mujeres y niños. Lo que se ve internamente de discotecas, parques, se hizo para mantener personas dentro de ese recinto», afirma.
El abogado afirma que la organización está de acuerdo con la toma de estos espacios, pues corresponde al Gobierno la custodia de los detenidos, «y no que la autoridad esté compartida con presos que imponen pena de muerte dentro de las cárceles a los presos porque no tienen como pagar una causa o una deuda, viene mal referidos o tienen un problema».
Además, advierte que con la toma de Tocorón no se acaba el Tren de Aragua ni el pranato, como ya lo han dicho otros expertos.
Existen cárceles como Tocuyito, Puente Ayala, San Felipe, Vista Hermosa y Trujillo que se manejan con la estructura del pranato. El resto está en manos del Ministerio de Servicio Penitenciario. «Eso no quiere decir que no haya pranes en esas cárceles. Existen esos pranes pero no de la manera como en estas cárceles (…) Con Tareck El Aissami nace el pranato y con Iris Varela se consolidó, se institucionalizó el pranato en Venezuela», dice Prado.
Los rangos militares pesan
Un operativo planificado durante un año para «garantizar los derechos humanos de los privados de libertad», además de retomar este centro penitenciario para avanzar en tareas de fortalecimiento. Esa fue la base del balance hecho por el ministro Remigio Ceballos Ichaso, que asumió la vocería del operativo desde su anuncio la madrugada del 20 de septiembre.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que esto se debe al rango que ostenta Ceballos Ichaso, un almirante en Jefe que ocupó el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada del país, frente a la ministra Celsa Bautista, una contraalmirante, es decir, de su mismo componente militar pero con menor «peso» en la línea de mando.
«A quién ves hablando es Remigio Ceballos, en lugar de hablar la ministra de Servicio Penitenciario que es quien tiene la responsabilidad del manejo de cárceles en el país (…) Independientemente de que sea ministra igual que él, es de rango inferior, es su subalterna. Está la superioridad militar. Ella aparece al lado del ministro, él habla, dice y expone, no es ella la responsable de todo lo que pueda pasar en esa cárcel», señala.
Humberto Prado insiste en la autoridad que debería ejercer la ministra Celsa Bautista para informar sobre el estado de los presos, cuántos había y cuántos se fugaron al momento de la toma, su traslado a otros centros penitenciarios, además de las investigaciones a los funcionarios destacados en esa cárcel y su posible complicidad con esta banda delictiva.
«A la ministra Celsa Bautista no la ves ejerciendo su función. Simplemente ves a un militar, hablando como militar, pero no a la responsable en materia penitenciaria. No hay ejemplo de cómo deben hacer las cosas», afirma.
