La Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU denunció en su cuarto informe las torturas y violencia sexual que han sufrido los implicados en la “Operación Constitución”.
El informe destaca que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro (de distintos cuerpos policiales) hacen uso de la violencia sexual como una medida de tortura para extraer información y como «una forma de humillación y degradación de la persona».
La misión de la ONU identificó un patrón de utilización de la violencia sexual contra hombres pertenecientes o asociados a las fuerzas armadas, especialmente en el marco de las operaciones de inteligencia, con el fin de extraerles información o «presionarlos para auto inculparse de su participación», real o no en supuestos planes conspirativos.
Caso Gasparini y Rangel
Dos casos representativos de torturas y violencia sexual que expone el el informe de Misión de la ONU son el de John Jairo Gasparini Ferbans y el del Sargento Primero de la Guardia de Honor Presidencial, Jonathan Rangel, ambos acusados de estar implicados en el caso “Operación Constitución”.
John Gasparini, mecánico automotriz, detenido en marzo de 2020, ha sido víctima de graves torturas como: golpes con bastes y mangueras, laceraciones en manos y pies, ruptura de piezas dentales, perdida de la audición, quemaduras, fractura de costillas y dedos de las manos, según el informe.
El 18 de marzo de 2020, mientras se encontraba de servicio diurno en el Fuerte Tiuna en el Municipio Libertador de Distrito Capital, Jonathan Rangel fue detenido por funcionarios de la DGCIM. Estuvo secuestrado por tres días. Lo colgaron de las manos, lo desnudaron y lo golpearon con una manguera y otros objetos contundentes en distintas partes del cuerpo.
Mientras lo golpeaban, los funcionarios le decían que estaba conspirando contra el Gobierno, que conocía a quienes participaron en los hechos y que tenía que dar sus nombres. Posteriormente lo violaron.
Además, el documento precisa detalles de la violencia sexual que sufrió. Una de las personas que lo interrogaba amenazó con violarlo «si no decía la verdad». Posteriormente, se narra, le introdujeron un palo de escoba en el ano repetidamente, lo que le provocó secuelas de salud.
Por el caso “Operación Constitución” diez presos políticos recibieron sentencias que van desde los 16 hasta los 30 años de prisión. Cabe destacar que dichas condenas se conocieron el mismo día que la Misión Independiente de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas presentó el nuevo informe sobre la violación a derechos humanos en Venezuela.
En este nuevo documento dejaron constancia de al menos nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, catorce desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género entre 2020 y 2023.
Violencia sexual presente
En el informe de 2020 la Misión documentó 45 incidentes de violencia sexual que incluyeron 89 actos tales como violación sexual, amenazas de violación, desnudez forzada, requisas corporales invasivas e innecesarias y otros actos incluyendo violencia dirigida a los genitales y manoseos.
Para 2021, la Misión documentó 14 casos de violencia sexual, incluyendo violaciones y amenazas de violación, contra 10 hombres y 4 mujeres.
En 2022, la Misión documentó 11 casos que reflejaban patrones comunes de violencia sexual cometidos por funcionarios del SEBIN y de la DGCIM contra las personas detenidas, e identificó algunos de los individuos responsables de ordenar o de perpetrar directamente dichos actos.
Para el periodo 2020-2023, la Misión investigó los casos de 19 personas (4 hombres, y 15 mujeres incluyendo una mujer trans) víctimas de violencia sexual y de género cometidas contra personas opositoras o percibidas como tales.
«Todos los casos de violencia sexual y de género documentados por la Misión ocurrieron en lugares de detención, ya sea en contra de personas detenidas o de sus visitas», destacó el informe.
