La disminución de muertes violentas responde al contexto de crisis humanitaria y el aumento del costo en las operaciones criminales y no a las medidas de seguridad implementadas por la administración de Maduro, así lo dio a conocer el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara).
Carlos Meléndez Pereira, coordinador del OVV Lara, expresó en una nota de prensa emitida por la organización, que las cifras de homicidios intencionales registrados en el estado Lara en los primeros ocho meses de 2023, ascienden a 38. Apuntó que en 2022 la tasa de muertes violentas en Lara, fue de 18.9 por cada cien mil habitantes, mientras que en 2021 fue de 15.9.
Meléndez explica la disminución de la violencia letal en el estado Lara, y en el país en general, como consecuencia de la incidencia de la pobreza humanitaria; destacó que las cifras más altas de violencia letal, fueron anteriores a la crisis económica, por lo que la mayor parte de los casos de homicidios respondían a robos o enfrentamientos.
En este sentido, señaló que la crisis económica disminuyó las posibilidades y los métodos del delito, en un contexto de escasez de productos básicos y pérdida de poder adquisitivo.
“¿A quién robar si no hay qué robar?, cuestiona Meléndez. El delincuente disminuyó el uso de las armas no porque cambió su vida, sino porque no lo pudo seguir haciendo, por los costos que esto conllevaba”, aclaró.
El profesor universitario, explica que el Estado se convirtió en el principal ejecutor de la violencia, en el contexto de la disminución del crimen por la crisis económica y humanitaria, lo que evidencia que la disminución de muertes violentas no se deben a las políticas de seguridad implementadas.
“Entre 2017 y 2021, la mayor cantidad de muertes fue llevada a cabo por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, que contraviniendo la dignidad de las personas en su condición de seres humanos asesinaron a muchos jóvenes de los sectores populares de la entidad”, dijo Meléndez Pereira.
Además, argumentó que el deterioro de los servicios públicos y el confinamiento en 2020, también influenciaron un cambio en el patrón de la violencia, ya que, con la “reducción de las actividades económicas y las relaciones sociales en el espacio público (…) la calle dejó de ser durante el confinamiento el espacio común de la violencia, y se trasladó a la casa”, apuntó.
Advierte que la pobreza estructural deja a las poblaciones más vulnerables expuestas a la violencia intrafamiliar y señala que la juventud que crece en este contexto “en un escenario de mejoramiento económico, se verá tentada a caer en la vida delictiva”, pudiendo reproducir un tipo de violencia inédita en la historia del país.
Aseguró que la narrativa construida por el Estado venezolano, oculta la realidad y da lugar a la consolidación de una situación que va impedir el futuro pacífico de la nación.
