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La plataforma de investigación sobre crimen organizado Insight Crime publicó este miércoles 20 un reportaje sobre una sofisticada red criminal creada por el exgobernador Omar Prieto durante su periodo en la Gobernación del estado Zulia (2017-2021).
Según reportes obtenidos por la plataforma, antes de llegar al poder Omar Prieto fue un delincuente común en su ciudad natal de San Francisco. «Pero su decisión de cambiar el robo de autos por la política lo llevó a escalar posiciones en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta convertirse en gobernador de Zulia, el estado más populoso de Venezuela».
Durante su gobierno, Prieto permitió que la policía regional actuara como su ejército privado, «cometiendo abusos y extorsionando a la población, atacando ferozmente el disenso y embarcándose en una campaña desenfrenada de ejecuciones extrajudiciales». Altos funcionarios que trabajaron durante su administración enfrentaron constantes acusaciones de extorsión, contrabando, malversación de fondos y expropiaciones ilegales.
Financiado por el régimen nacional en Caracas, Omar Prieto lanzó un ambicioso programa de obras públicas que incluía acceso a agua potable, una conexión de gas estable y un nuevo hospital especializado en el tratamiento del cáncer infantil. «Tenía mucha influencia en la comunidad», le dijo a InSight Crime un empresario y experto político cercano al exgobenador. «El tema delincuencial por el que lo acusaban no le importó a mucha gente. Siempre y cuando recibieran ayuda».
Según tres fuentes, Prieto también se vinculó a líderes del PSUV como el diputado Pedro Carreño «Lo satisfacía con whisky y lo instaló en una casa en Maracaibo (la capital del estado de Zulia), allí hacían orgías. Le llevaba muchachas y le daba dólares en efectivo», cuenta Eduardo Labrador, exlíder del PSUV y antiguo confidente del economista.
Labrador también comentó que el exgobernador «se trataba de meter en todos los negocios». Los integrantes de su gabinete no solo hacían parte del Estado, sino que dependían de la autoridad gubernamental para desviar las ganancias de la industria privada, la infraestructura pública e incluso las economías criminales.
