Que los educadores, personal administrativo y obrero, en su gran mayoría, no se encuentren en la disposición de incorporarse a sus actividades del nuevo año lectivo, está plenamente justificada, por cuanto han sido despojados, arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente de sus derechos logrados, progresivamente, desde la década de los cuarenta del siglo pasado hasta la llegada de la mal llamada revolución bolivariana.
Así lo dio a conocer, en una declaración a El Impulso, la Organización Democracia y Libertad, en la cual aclara que dicha decisión no tiene ningún carácter político o ideológico, sino económico y social, porque afecta tanto a los que no están de acuerdo con el régimen como a los propios trabajadores seguidores de éste, que forman parte de quienes se encuentran al servicio de la educación.
Los países que han alcanzado mayores niveles de progreso económico y bienestar para sus habitantes son los que se han esmerado en el avance de la educación y pagan, como es debido, muy bien al personal preparado para formar a sus ciudadanos.
Aún más, los primeros interesados en la evaluación de la capacidad de sus jóvenes sobre lectura, matemáticas y ciencias son los gobiernos que piden al Programa Internacional –PISA- determinar el conocimiento alcanzado en sus planteles. Venezuela no ha querido participar. Pero ¿Cómo se va a interesar cuando la educación que se imparte ha perdido calidad?
Es muy lamentable y, al mismo tiempo, condenable que el mismo salario le haya sido despojado a educadores, personal administrativo y obrero.
Esa medida fue ordenada por el propio Ejecutivo Nacional y la ejecutó la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y al ser llevado el caso al Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados en vez de ordenar resarcir los daños causados a los trabajadores del sector educativo, consideró inexistente la eliminación tanto del salario como de los derechos socioeconómicos que tenía todo el personal del mencionado sector. Y, desgraciadamente, ha sido ha quedado.
Esa es la razón fundamental por la cual comenzó en los primeros días de este año un conflicto, que se mantiene sin solución, porque están paralizadas las conversaciones de la contratación colectiva y en lugar de buscar la forma de ir resolviendo, poco a poco, el problema, los funcionarios del gobierno no dan la cara.
Resulta inexplicable que mientras un educador devenga mensualmente 817 dólares en Ecuador o 875 dólares en Uruguay, al mismo profesional en Venezuela, cuyo gobierno pregona que será una potencia económica con apoyo de rusos, chinos e iraníes, se le esté pagando por su trabajo apenas casi un dólar por día. ¿Con qué ánimo se puede trabajar con tan miserable salario?
Es difícil que tal como están las cosas, porque todavía no se sabe qué oferta hará el Ejecutivo Nacional a los trabajadores de la educación, puedan iniciarse las clases en octubre de este año, porque, claramente, no tienen los educadores y el personal administrativo y obrero disposición de renovar sus actividades laborales, dice la declaración suscrita por el profesor Pedro Pablo Alcántara, coordinador nacional de Democracia y Libertad.
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