“Más del 70 % de los educadores no están dispuestos a incorporarse a clases, porque no existen las condiciones para hacerlo”.
Así lo expresó Frank Andrade, director de conflictos del Colegio de Profesores de Venezuela, quien precisó que la situación es muy clara.
Primero, los ingresos que perciben los educadores es el más bajo de todo el continente, ya que el salario justo fue eliminado y lo que les pagan más la bonificación no alcanza para comer tres o cuatro días.
Segundo, el gobierno mantiene paralizada las conversaciones destinadas a discutir la contratación colectiva y, desde luego, la devolución de los derechos que se habían alcanzado durante medio siglo de luchas laborales.
Tercero, la situación de los planteles es deprimente, ya que no sólo han sido dejado en el abandono, sino que, en su mayoría, han sido desvalijados por los delincuentes y no se cuenta con lo mínimo para dar clases.
Cuarto, el gobierno abandonó los programas alimenticios. No cuentan con comedores, ni mucho menos con comida.
Quinto, no existe garantía de que la crítica situación por la cual está pasando el sector educativo tenga respuesta. Si en enero decidió el gobierno no acceder a las demandas de los trabajadores, tiene ahora que aumentar la presión para que se solucionen los problemas y las federaciones no pueden mantener una posición ambigua y complaciente con los sindicatos patronales.
Sexto, las asambleas en los centros de trabajo y las que se hagan a nivel municipal y regional deben trazar un plan de lucha intenso hasta conseguir que el gobierno entienda que el problema educativo requiere ser resuelto lo antes posible porque hay que formar bien a los educandos.
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