El título es la traducción del latín de la expresión “habeas data”, que también se traduce como “tener datos presentes”, igual que la figura del “habeas corpus”, expresión más conocida, tienen como componente el singular del presente, en segunda persona, del verbo latín habeas (tener), en un caso los datos que se objetan y en el segundo el cuerpo que se busca.
Dentro de la campaña de desprestigio, violencia y obstaculización de la autocracia instalada por más de 20 años en el país, ahora ha recurrido a un ardid de solicitar, mediante una acción de amparo, ante un tribunal, por parte de un supuesto agraviado, que se borre de la lista que está utilizando la Comisión Nacional de Primaria (CNP), su nombre, debido a que no tiene interés en ese proceso comicial. Treta èsta, que, en conjunto con otras trabas del gobierno ilegítimo, forma parte del ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, fundada en motivos políticos, crimen de lesa humanidad previsto en el artículo 7-h del Estatuto de Roma.
Lo anterior lo hemos denunciado desde el Movimiento de Defensa de la Constitución y la Democracia (DEDODE) del estado Lara en múltiples oportunidades, igual que la política criminal de muertes y detenciones ilegales que lleva a cabo el gobierno, que ha destruido el futuro y el sosiego de los habitantes de Venezuela.
Pero volvamos a la figura del habeas data, lo que solicita el ciudadano quejoso, es que eliminen su nombre del listado que la CNP está utilizando para las elecciones primarias, que a su vez fue tomado del listado del Consejo Nacional Electoral (CNE). La CNP no conformó ese listado, pues todo ciudadano inscritos en el CNE tiene el derecho de votar en las elecciones públicas que se realicen en el país, por lo que quien recurre al amparo tiene ese derecho de participar en las primarias, ahora que no lo quiera ejercer o bien, que no desee que su nombre aparezca en la lista en cuestión, es otro asunto. Perfectamente el sistema legal en Venezuela le permite al accionante solicitar tal exclusión de la enorme masa ciudadana mayoritaria que sí va a participar en las primarias y que quiere sacar al presidente usurpador y a su gobierno del mando en el país.
Efectivamente el artículo 28 de la Constitución de la República prevé que toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados y solicitar ante el tribunal competente la actualización, rectificación, o destrucciones de aquellos que considera erróneos o que la afecten de alguna manera.
La anterior acción se ha utilizado con alguna frecuencia en relación a los registros policiales, base de los antecedentes delictivos de la persona. En muchos casos una persona es investigada e inclusive enjuiciada y luego se demuestra su inocencia en el sentido de que no tuvo ninguna participación en el hecho investigado. Su utilidad para la preservación de la dignidad y el buen nombre del ciudadano afectado es invalorable.
Pero en el asunto que nos ocupa se le está dando un uso diferente a la acción de amparo, posiblemente en complicidad con maniobras oficialistas. Si éste es el caso, el juez respectivo acordará el amparo, como seguramente lo hará como parte de un Poder Judicial rendido ante el régimen y entonces la CNP deberá excluir al accionante de su lista…y se acabó la historia. Punto. No hay más allá.
Lo grave sería que la CNP no acatara la orden judicial, pues ello constituye el delito de desacato previsto en la Ley de Amparo. Por ello la CNP debe estar atenta en todo el territorio nacional, o darles la facultad a los miembros de la Comisiones Regionales de Primaria, para que en cada circunscripción electoral procedan a la respectiva eliminación del nombre del ciudadano involucrado en este nuevo atentado contra la población civil democrática, que como arriba precisamos, conjuntamente con el resto de obstáculo y contrariedades ideadas por el gobierno, constituye un crimen de lesa humanidad.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
