Trabajo de: www.runrunes.org
- El país centroamericano acaba de apretar los controles migratorios, especialmente para aquellos que pretenden atravesar la selva del Darién
- Expertos coinciden en que cada país tiene potestad de aplicar las políticas que considere en materia migratoria, pero sin ir en detrimento de los derechos humanos
- 60% de las 350 mil personas que transitaron por Panamá en los últimos ocho meses son venezolanas según el Observatorio de la Diáspora Venezolana
- Analistas consideran que el flujo migratorio seguirá mientras Venezuela continúe atravesando por una crisis humanitaria compleja
Panamá sigue apretando las tuercas a los migrantes y prueba de ello es que nuevas medidas entraron en vigencia recientemente.
Apenas el viernes pasado, la directora del Servicio Nacional de Migración panameño, Samira Gozaine, anunció que se reforzarán las deportaciones de personas con antecedentes penales y que sean consideradas peligrosas.
También anunció la reducción de los puestos de acogida para migrantes y el tiempo de visita de los turistas pasó de 90 a 15 días.
Igualmente se incrementó el requisito de solvencia económica en los puntos de ingreso al país de 500 a 1.000 dólares.
“El paquete de medidas no es solo para frenar la escalada de migrantes irregulares por el Tapón del Darién sino también para limitar el ingreso de personas con antecedentes o que no cumplan con el perfil de turista”, dijo Gozaine.
La Organización de las Naciones Unidas estimó que para 2023 unas 400 mil personas podrían atravesar la selva del Darién que comparten Panamá y Colombia y que sirve de vía hacia Estados Unidos.
La cifra es casi el doble de las 250 mil que se registraron el año pasado.
Madison González, doctora en geografía y especialista en temas de migración, sostuvo que cada nación tiene potestad para instaurar las normas de acceso que considere apropiadas.
“Los Estados detentan el poder de soberanía dentro de su territorio, es decir, cada país tiene la potestad de decidir quién entra y quién no a su territorio”, expuso González quien indicó que Panamá tiene el derecho internacional de ejercer su soberanía.
“Sin embargo, todos los países que hayan suscrito acuerdos con la ONU, tienen el deber de proteger los derechos humanos de cada persona, independientemente de si son nacionales o extranjeros”.
El cierre de fronteras no es ilegal ni nuevo y ya viene sucediendo en otras naciones. “Pero estaría vulnerando el derecho de las personas a solicitar asilo o protección internacional”, dijo González.
No es solo Panamá
Mauricio Phelan, sociólogo, docente e investigador de ciencias sociales, aseveró que cada día los países están poniendo más barreras jurídicas y físicas para tratar de controlar la migración irregular.
“Frente a las limitaciones, los migrantes buscarán otros caminos o corredores, posiblemente por vía marítima a fin de sortear el tapón del Darién. Los traficantes o coyotes seguramente apelarán a otras opciones”, aseguró.
Tomás Páez Bravo, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, aseveró que la medida no solo afecta a venezolanos, que según el organismo que dirige, representaron 60% de las 350 mil personas que transitaron estos últimos ocho meses por Panamá.
“Por ahí pasan haitianos, cubanos, ecuatorianos y colombianos. En la medida que haya más restricciones a la migración se están generando condiciones para la irregularidad. El Darién es producto del descontrol, allí conviven bandas, organizaciones criminales, mafias y coyotes, es como ir caminando de Caracas a Valencia pero por caminos inhóspitos”.
Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostuvo que esta no es una política que persigue la protección al migrante.
“Ellos alegan que lo hacen por cuestiones sanitarias y de seguridad, pero la intención es expulsar al mayor número de migrantes en condición irregular, ese ha sido el enfoque de los países de tránsito, especialmente de los de Centroamérica”, dijo Rodríguez.
Rodríguez calificó la reducción de los puestos de atención al migrante como un desacierto de las autoridades panameñas.
“Las personas que han sufrido abusos, robos, extorsiones, violencia física y sexual en su tránsito hacia Estados Unidos deben ser atendidos, darle acceso a un estatus migratorio de permanencia legal mientras resuelven judicialmente sus casos, un mecanismo para evitar la impunidad”, alertó.
Rodríguez indicó que estos puestos son los que reciben a las personas que vienen saliendo de la selva.
“Hay gente que viene huyendo de la pobreza, pero también de la violencia, como es el caso de quienes están en Ecuador. Existe un vacío de políticas migratorias para aquellos que necesitan protección internacional. Las autoridades deben ponderar que muchas personas en sus países de origen corren riesgo por la persecución política a las que se les somete”, agregó.
Para González, no se trata de una política unilateral de Panamá, es un comportamiento sostenido de varias naciones.
“Panamá no es el país que ha puesto más trabas a los venezolanos. Chile desde hace un par de años estableció la visa de responsabilidad democrática, Estados Unidos pide visa desde hace mucho tiempo, también Australia y Canadá”, recordó.
González informó que Panamá ha sido refugio de los migrantes venezolanos desde 2012. “Pero eran personas que no estaban en situación de precariedad, están recrudeciendo las medidas para generar un filtro”.
Phelan indicó que la mayoría de los países de la región han puesto trabas jurídicas a los migrantes y viajeros: «Creo que son pocos los que no piden algún requisito para el ingreso de venezolanos”.
Para Páez Bravo el país que le ha puesto más obstáculos a los migrantes venezolanos es el propio Gobierno de Maduro.
“Con su negativa a reconocer que casi 8 millones de personas se han ido, además descalificando a los migrantes diciendo que son lava pocetas y armas biológicas cuando estaba el cerco sanitario por el covid-19”.
Migración pendular
Rodríguez expresó que la mayoría de las personas que se dirigen hacia Estados Unidos por Centroamérica son ciudadanos que ya migraron en una ocasión.
“Están en otros países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Hay muchos venezolanos que, a pesar de que tienen años viviendo en estas naciones, optan por salir hacia Estados Unidos porque no han logrado integrarse y carecen de una calidad de vida óptima, ya que la pandemia perjudicó mucho la economía en Latinoamérica”, explicó.
Phelan coincidió con el investigador de la UCAB. “Un porcentaje importante de los migrantes que tratan de cruzar el Darién son venezolanos que salen de otros países de la región, especialmente andinos, esto está reseñado en el más reciente informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela”.
“Los venezolanos salen de Latinoamérica y Venezuela, muchos tienen que hacer estadías cortas en países de tránsito para hacer dinero porque hay que pagar a muchos coyotes en el camino”, dijo Páez Bravo.
“Hay varios países de Latinoamérica que registran un decrecimiento en su población venezolana como el caso de Ecuador, esto refleja que están yendo hacia otro lado porque a Venezuela el flujo de retorno es poco”, agregó.
Un chorro que no se cierra
González manifestó que el hecho de que cierren fronteras no va a detener el flujo migratorio venezolano.
“Se van a crear nuevas rutas. Actualmente Venezuela representa el grueso de los migrantes que pasan por el Darién, pero se están sumando los ecuatorianos y cada vez hay más personas en situación irregular”.
La experta en migración explicó que ningún resultado electoral en el futuro cercano va a cambiar la decisión del venezolano de abandonar el país.
“Porque en Venezuela los derechos humanos no están garantizados, la gente sigue pasando hambre, ninguna de las razones que han provocado el éxodo masivo han cambiado. Tal vez se impulsen salidas con la victoria de una tendencia en las elecciones presidenciales de 2024, pero es que la gente no se va solo porque hay una dictadura en Venezuela, ya es un problema que tiene otras aristas y actualmente la económica incide mucho”.
Phelan dijo que es difícil hacer pronósticos en torno a la migración venezolana.
“Porque se trata de una migración poco planificada. Sin embargo, de empeorar las condiciones económicas y políticas, la migración continuará, pero será más costosa para las personas desde muchos aspectos, económica, emocional y sanitaria”.
Recomendaciones a Panamá
Rodríguez expresó que es necesaria la comunicación y colaboración permanente entre los países involucrados en la crisis migratoria.
“Nosotros hemos recomendado que se aumenten el número de alojamientos para los migrantes, establecer centros de atención que tengan un enfoque de derechos humanos. Es necesaria una respuesta coordinada por parte de todos los países, hay que buscar una alternativa multilateral, abrir un canal humanitario para evitar que las personas sigan transitando por la selva del Darién”, opina.
Por su parte, Páez Bravo sostuvo que el futuro de la migración venezolano es incierto.
“Desde 1999 comenzó un éxodo, en promedio 120 mil personas por año y a partir de 2016 se potenció a 1 millón 200 mil por año. Los detonantes para migrar siguen estando presentes, no es solo un tema económico, de servicios, de deterioro del sistema educativo y de censura, tiene otras dimensiones sociales, políticas y culturales que pesan en la decisión de irse”.
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