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José Vicente “Chente” Amparan, acusado en Estados Unidos por el presunto desvío de fondos de Pdvsa, es el dueño de una empresa offshore vinculada a Ascensores Servas, que también recibió un contrato de la estatal petolera de Venezuela. La justicia argentina investiga la maniobra
Marcos Ochoa trabajaba como enfermero en el hospital Victorino Santaella, en Los Teques, Venezuela, cuando sufrió un paro cardíaco. Necesitaba ayuda urgente, pero la atención médica se demoró aún estando dentro del hospital porque no había ascensores en funcionamiento para trasladarlo hasta el piso donde atendían las emergencias. Su corazón no resistió. Marcos murió esperando que llegara el único ascensor que funcionaba de los 18 disponibles en ese centro. Esta situación se repetía en casi todos los hospitales públicos de Venezuela, aseguraban sus compañeros cuando protestaron por su muerte, en octubre de 2015.
El Victorino Santaella, que forma parte de la Red Hospitalaria Pública Nacional de Venezuela, era una de las instituciones que tendría que haber sido modernizada con la llegada de los ascensores y montacargas de la empresa argentina Ascensores Servas SA, según fuentes sindicales. El fideicomiso bilateral acordado por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner tuvo a esta compañía como una de las primeras beneficiarias con un contrato por US$ 25 millones con el Ministerio de Salud firmado en 2005, una década antes del incidente de Marcos. La empresa tenía que proveer, instalar y mantener más de 150 ascensores en 35 hospitales públicos, pero no todos los centros se beneficiaron con sus aparatos.
Ascensores Servas fue también una de las primeras compañías argentinas que quedó bajo la lupa por supuestas irregularidades en el fideicomiso entre Venezuela y Argentina. El exembajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, dijo en abril de 2010 que existía una “embajada paralela” manejada por el entonces ministro argentino Julio De Vido que funcionaba al ritmo de los millonarios negocios bilaterales con sospechas de corrupción. El diplomático declaró ante la justicia que funcionarios le habían pedido a José Aizpún, accionista mayoritario de Ascensores Servas, sobornos de entre el 15% y 20% de sus contratos disfrazados de “comisiones”. Pero el empresario argentino negó la acusación y el expediente judicial, 13 años después, no ha prosperado.
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