Esperanza Guisán (2000), intelectual española, quizás observando la tendencia hacia la politización –en nombre de la anti-política– de todos los actores sociales, y prosternado ella el argumento clásico de la división del trabajo que obliga a la representación de lo político, reclama la falta de reflexión por parte de la ética y la filosofía más allá de los ámbitos en que los individuos llevan a cabo sus metas, libremente.
Señala, en tal orden, el mal funcionamiento de la democracia que conocemos, por prudencial y por propiciar una existencia mediocre en ausencia de los sueños de perfección y utopía propios a lo humano; reclamando, en su defecto, de una práctica democrática moral profunda. No por azar, Francisco Plaza (2011), a la luz de los temas o problemas enunciados propone “recobrar el sentido integral de la democracia”, más allá de sus formas. Sin embargo, transcurridas las dos primeras décadas del siglo XXI, quienes se convencen de la inviabilidad contemporánea del Estado asistencialista –tal y como lo entiende en su momento el Estado social y democrático de Derecho– y de los trastornos que sufre el Estado territorial a manos de la deslocalización digital, optan por una suerte de relativización de la democracia.
La inflación de derechos – derechos humanos al detal y al capricho – y la fragmentación social ocurren de modo manifiesto, es verdad, en los ámbitos constitucionales de quienes, como resurrectos del despotismo y/o socialismo real, auspician las tendencias neoautoritarias abroquelados con las tesis de Naciones Unidas, a cuyo tenor es más importante para la población su bienestar que la libertad.
La breve experiencia transcurrida – si miramos el recorrido de la historia de los hombres y de los pueblos – y constante en lo que va del siglo demuestra que se trata de un antimodelo o modelo posdemocrático de corte fascista. Por una parte, diluye el entramado institucional y lo pone al servicio de hombres o líderes providenciales quienes establecen una relación directa y paternal con el pueblo, auxiliados por el mismo tejido mediático de la globalización y, por la otra, éstos se sostienen bajo las formas mínimas de la democracia.
Aún más, en modo de hacer viables sus comportamientos antidemocráticos desmantelan las leyes conocidas –garantistas de los derechos– y las sustituyen, según lo dicho, por un bosque o selva normativa tupida e impenetrable, imaginariamente prometedora y simbólicamente reivindicadora, dentro del que pierden certeza los proyectos de vida o el claro entendimiento de lo jurídico, base de la convivencia.
Se le hace decir a la ley lo que no dice dentro en una práctica sistemática de la mentira, legalizada, para proteger a aliados incluso y sus crímenes e ilícitos, y para proscribir a los cultores de la democracia representativa, cuyos comportamientos sean constitucionalmente ortodoxos. Lo cierto es, a todas éstas, que ambas perspectivas – la del Estado liberal y relativista como la versión autoritaria de la “democracia participativa y protagónica” de la que tanto se ufana el progresismo destructor de culturas y memorias – se desmoronan al término ya pasada una generación, desde el instante en que ha lugar al llamado “final de la historia” o la “muerte de las ideologías hacia 1989.
Lo anterior es así, justamente, por cuanto ambas perspectivas, con sus diferencias netas han hecho del relativismo – de lo “políticamente correcto”– un dogma de la democracia o la fuente en la que se afirma el neopopulismo y su tráfico de ilusiones. Bajo propulsión de la maleabilidad de la ética y la deconstrucción de lo social dominante, ambas perspectivas hacen aguas.
La democracia liberal, además, cede bajo el tsunami de corrientes migratorias de vocación fundamentalista aceleradas por la misma globalización o sin ánimos de mixturarse dentro de los cánones de aquella y que, por lo mismo, contradiciéndose, se ve obligada a la formulación de un “derecho penal del enemigo” para defenderse, como ocurre en las Américas. Bien lo previene, no se olvide, Hannah Arendt, al sostener que la democracia no se sostiene ni reinventa sino de cara y ante la presencia de su opuesto, el totalitarismo, cuyo riesgo ha de tenerse siempre presente; pues si las minorías han de participar con la libertad necesaria para hacerse mayorías en la democracia, nada garantiza que éstas, al término, se decidan por el final de la democracia, como parece ocurrir en España.
La matizada y señalada “democracia participativa”, así las cosas, defendida por el oxímoron del Socialismo del siglo XXI, que muta en progresismo transcurridos treinta años y que son, uno y otro, de neta factura marxista y autoritaria, fenece en la actualidad como víctima de sus contradicciones: La unidad y encarnación del Estado en sus gendarmes de nuevo cuño no alcanza efectividad autoritaria más que por la violencia; lo que es inadmisible para quienes apuestan a la simulación de la democracia. Y se demuestra inviable, además, en contextos de severo relativismo y fragmentación social como los animados por quienes predican la inflación de derechos (ambientalistas, de género, de raza u origen, tribus urbanas, y párese de contar, etc.).
El totalitarismo, en suma, como antimodelo de la democracia implica la negación del conflicto mediante la imposición de un dogma legitimador y “las sociedades democráticas [subsisten] en la medida que se fundamentan en un cuestionamiento institucionalizado de sí mismas”, renunciando a cualquier tipo de unidad, por débil que fuera.
De modo que, junto a la previsión válida Arendt cabe la de Laurence Whitehead, a saber, entender que la democracia –para ser tal– ha de verse en el teatro trágico o dramático. Y la descripción no sugiere que la obra democratizadora haya de ser orfebrería de utileros; de esos que apenas se ocupan de vestir a los actores, mover los andamios, preparar la escena para la representación, y luego cobrar por sus servicios. Habla del teatro democrático, pues es la imagen metafórica que mejor describe la lucha pendiente por la democracia y la libertad en un continuo sin ataduras y de final abierto.
Asdrúbal Aguiar
