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El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que entre mayo y agosto de 2023 prevaleció la estigmatización y criminalización contra los trabajadores de la prensa, con 117 vulneraciones a las garantías informativas en ese período.
De acuerdo con el balance de la organización, publicado este 7 de septiembre, las vulneraciones se tradujeron en 77 casos que se dividen de la siguiente manera:
– Agresiones y ataques (39)
– Restricciones en internet (25)
– Discurso estigmatizante (22)
– Restricciones de acceso a la información (12)
– Censura (10)
– Restricciones administrativas (5)
– Hostigamiento judicial (3)
– Un registro en la alerta transversal de género
Con un total de seis incidentes, Táchira fue la entidad con más casos contra las libertades informativas, seguida por Amazonas (3), Anzoátegui (3), Bolívar (3), Monagas (3), el Área Metropolitana de Caracas (3), Sucre (3), Barinas (2), Delta Amacuro (2), Trujillo (2), Zulia (2), Apure (1), Cojedes (1), Falcón (1) y 42 con afectación nacional.
Del total de incidentes, 40 ocurrieron en el entorno tradicional y 37 corresponden al de los derechos digitales.
Según IPYS, mayo fue el mes con más casos registrados, con un total de 30. Los demás hechos ocurrieron en agosto (19), junio (17) y julio (11).
La organización precisó que estas vulneraciones afectaron a 68 trabajadores de la prensa: 42 reporteros, siete conductores de televisión, seis reporteros gráficos, cinco locutores, cinco camarógrafos, dos directivos de medios y un editor.
Además, resultaron agraviados un activista por los derechos humanos, un familiar de un periodista, 25 medios de comunicación y un observatorio de finanzas. Del total de víctimas, 41 son hombres y 29 son mujeres.
Noticias bajo ataque
Según el balance de IPYS, entre enero y mayo de 2023, las agresiones físicas y acciones intimidatorias contra la prensa totalizaron 39 violaciones durante coberturas de hechos noticiosos o como represalias por ejercer el periodismo.
De esa cifra, 19 son actos de amedrentamiento, y el resto de las vulneraciones son nueve amenazas de daño físico; cinco ataques a la integridad física de trabajadores de la prensa; dos hechos de destrucción, revisión, o confiscación de equipos y materiales o registros relacionados con el trabajo periodístico.
También, se documentaron dos incidentes de acoso; un allanamiento a un medio de comunicación y un robo de herramientas de trabajo.
Los agravios discursivos
La persecución discursiva a quienes se dedican a informar continúa siendo uno de los mecanismos de censura que más afecta a las personas periodistas, denunció IPYS.
Estos señalamientos, precisó la organización, con frecuencia ejecutados por altos funcionarios públicos y figuras públicas influyentes.
IPYS constató 22 vulneraciones en la categoría de discurso estigmatizante: 13 insultos o descalificaciones por parte de funcionarios públicos o figuras públicas influyentes, ocho actos de criminalización y una campaña sistemática de desprestigio.
Impostores en la red
De acuerdo con el balance de IPYS, las vulneraciones al trabajo informativo en espacios virtuales se han vuelto cada vez más recurrentes.
IPYS Venezuela totalizó 25 violaciones en la categoría de restricciones en internet.
Transmisiones restringidas
Entre mayo y agosto de 2023, IPYS constató cinco suspensiones arbitrarias de contenido, dos despidos o cambio de rol por razones informativas, un hecho de abuso de posición dominante por parte de medios privados, un incidente por anunciantes privados dominantes que presionan la agenda informativa y un seguimiento de contenidos personales y laborales publicados en redes sociales y plataformas digitales.
Asimismo, se registraron cinco restricciones administrativas: dos cierres arbitrarios de medios de comunicación, dos incautaciones de medios de comunicación y un procedimiento administrativo arbitrario.
Derechos interrumpidos
Entre mayo y agosto de 2023, IPYS Venezuela registró tres vulneraciones correspondientes a la categoría de hostigamiento judicial, comprendidas en dos amenazas de procesos penales o administrativos y un proceso civil y penal.
Además, la organización también hizo seguimiento de los procesos judiciales del periodista Roland Carreño y del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine.
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