#OPINIÓN Dos documentos, una sola preocupación #6Sep

Durante la presente semana hemos visto dos documentos que nos hacen ver la perspectiva electoral venezolana con más preocupación que optimismo.

El primero es un trabajo de opinión, muy claro y preciso firmado por el Dr Elliot Abraham, quien es un investigador que analiza los procesos geopolíticos que se suceden en el Oriente Medio para el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en Washington DC. También el Dr Abraham se desempeñó como asistente y asesor adjunto de seguridad nacional del presidente George W. Bush, donde supervisó la política estadounidense en el Medio Oriente y hasta el inicio del año 2021 como Representante Especial para Irán y Venezuela, en la administración republicana de Donald Trump.  

El segundo documento que transcribimos en estas páginas, es una carta que un grupo de 18 senadores, tanto demócratas como republicanos, le hacen al secretario de estado Anthony Blinken, recordando  (¿o exigiendo?) la necesidad de impulsar con seriedad y premura las condiciones para que de una parte, el régimen de Maduro respete el proceso eleccionario de la primarias y que, además sean los Estados Unidos una guía hacia posiciones más consecuentes, con la necesidad de hacer las prometidas elecciones del año 2024, como un proceso que reúna las condiciones para que esas elecciones sean un verdadero reflejo de los deseos del pueblo venezolano. 

En este trabajo, Elliot Abraham expone su opinión sobre la actual política que la administración del presidente Joe Biden, está implementando con relación al necesario y no solo para Venezuela, sino para todo el continente americano, el reencuentro de las libertades en Venezuela. 

E igualmente el ex consejero de la Casa Blanca sostiene que: “La administración de Biden continúa con su fallida política hacia Venezuela. Esta consiste en fingir que el régimen de Maduro busca un compromiso y seguir ofreciendo concesiones en las sanciones estadounidenses a pesar del aumento de la represión por parte del régimen. En los últimos días, se informó que funcionarios estadounidenses están redactando una propuesta que suavizará las sanciones al sector petrolero de Venezuela. Esto permitirá a más empresas y países importar su petróleo crudo si el país sudamericano avanza hacia unas elecciones presidenciales libres y justas.  Así ocurre después de que algunas sanciones ya hayan sido levantadas: en noviembre de 2022, la administración Biden otorgó a la gigante petrolera Chevron Corp. una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela, después de que las sanciones estadounidenses detuvieran todas las actividades de perforación hace casi tres años. Se suponía que esto incentivaría las negociaciones entre el régimen y la oposición democrática, pero no hay negociaciones”.

Dada la importancia que este proceso significa, no solo para Venezuela, sino para muchos países del subcontinente americano, que hoy se debaten entre la escogencia de vías de desarrollo dentro de los parámetros democráticos o vías experimentales, impregnados de proposiciones que cuando se han aplicado, lo único que han dejado es pobreza y más pobreza, como son los casos, muy desafortunados de Venezuela y de Cuba.       

En relación a lo que es, por ahora un problema geopolítico focalizado, pero ante la probabilidad de que la crisis venezolana (y todo lo hace presumir) tenga una innegable tendencia a crecer y, como consecuencia, el continuo aumento del número de desplazados de una población en estado de pre hambruna generalizada por toda la América Latina, me temo que se está convirtiendo y muy rápidamente en una situación de gran vulnerabilidad por la existencia de un estado de violencia generalizado en Venezuela, que con el pasar de los días y ante la decisión del régimen de cerrar aún más las limitadicimas posibilidades de encontrar soluciones, tanto a la crisis material en lo específico, como a la crisis en general de la población, quien diariamente, con su sacrificio ha dado muestras de querer encontrar éstas (las soluciones) por la vía pacífica, pero que la dictadura, con una concepción criminal del ejercicio del poder, unida a sus políticas motivadas por intereses individuales contrarios al interés colectivo, acarrearía inimaginables consecuencias para la región en general, que pudieran ser entre otras, un  ejemplo, no descartable, de que la dictadura al no poder controlar, lo que erróneamente para el régimen es el orden público, cuestionado por la población en la calle y ejerciendo ésta su derecho constitucional de protestar (art 350)  y arrogándose la dictadura el ilegal derecho basado en un concepto fascista de orden público, siendo, como efectivamente lo es, un régimen que no tiene límites en sus reacciones en contra de aquel o aquellos considerados como enemigos de la revolucion y transformando unas supuestas fuerzas de orden público, como la Dirección de Inteligencia Militar, entre otros cuerpos represivos, en asesinos de su propio pueblo, el cual ya no resiste ni acepta la burla y el engaño, que se traduce diariamente en hambre y frustración y que el régimen, con su manifestada decisión de permanecer en el poder  (ni por las buenas ni por las malas)  podrá cancelar la decisión, momento llegado, de un pacifico pueblo de salir a la calle, para exigir respeto de sus decisiones como sociedad civil, pues es la propia “Constitución de 1999 la que consagra expresamente, en el Artículo 350, el derecho ciudadano a la desobediencia civil, incluso más allá de la sola resistencia a la ley; y de manera enfática considera que el citado artículo consagra constitucionalmente lo que la filosofía política moderna ha calificado como desobediencia civil, que es una de las formas como se manifiesta el derecho de resistencia”.

Una violenta respuesta a un pueblo pacifico, como es de suponer por la dictadura, tendría muy graves consecuencias, no solo para Venezuela, sino para el subcontinente en general, donde la población venezolana inmigrante, en algunos casos puede significar el 10 % de la población total.

Es de hacer notar que este importante segmento de la población venezolana, a los que técnicamente debemos considerar como desplazados, con el pasar de los días crece en forma exponencial. Expertos en demografía de las Naciones Unidas sostienen que sólo en los tres países andinos más cercanos a Venezuela viven alrededor de unos 5 millones y medio de compatriotas. La permeabilidad de nuestras fronteras hace muy difícil conocer el número exacto de desplazados. Países con instituciones que están en una búsqueda perenne de estabilidad política, como el caso del Perú y del Ecuador, un estado de violencia general en Venezuela, me temo que conllevaria gravísimas consecuencias para estas dos queridas naciones.

Ahora, apreciados señores, les propongo la lectura de la significativa misiva, que el día 31 de agosto un grupo de senadores americanos le hacen al gobierno de los Estados Unidos de América, en la persona del secretario de estado Anthony Blinken, 4ta posición en la línea de sucesión de la nación norteamericana. 

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 2 de septiembre del año 2023.

Raúl Ochoa Cuenca