Elvis Amoroso fue designado como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 24 de agosto. Antes de eso, estuvo durante cinco años al frente de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el portal Suprema Injusticia, iniciativa de Transparencia Venezuela, en su paso por la Contraloría, Elvis Amoroso «preservó el silencio» durante su gestión. Además, dice el texto, Amoroso sale de la Contraloría «sin mostrar qué hizo para velar por la integridad del patrimonio público de Venezuela y por el correcto funcionamiento de las áreas de mayor importancia económica e interés estratégico nacional».
Asimismo, no existe información sobre alguna auditoría hecha por Amoroso durante entre 2018- 2023, a Pdvsa o a cualquier otra empresa propiedad del Estado en sectores como eléctrico, salud o alimentos.
Tampoco se conocen informes de su gestión en los años 2018, 2020 y 2022. Solo publicó los correspondientes a los años 2019 y 2021.
De su gestión, tampoco hay información de algún pronunciamiento sobre los 148 casos de corrupción con origen en Venezuela que se ventilan en tribunales de 27 países, o sobre las más de 260 obras inconclusas por las que Venezuela pagó y no se culminaron.
Información no está en gacetas sino en los medios
Suprema Injusticia recordó que la Contraloría, tradicionalmente, publicaba las declaratorias de responsabilidad y las sanciones accesorias impuestas, así como los expedientes remitidos al Ministerio Público y las personas cuya declaración patrimonial era sometida a procedimiento de verificación.
Esto fue así hasta el año 2014. Desde ese momento, la alternativa ha sido acudir a los medios de comunicación, con publicaciones que se relacionan, generalmente, con decisiones sobre procedimientos iniciados contra opositores al gobierno nacional.
Además, la información sobre las penas accesorias impuestas por la Contraloría durante la gestión de Elvis Amoroso, especialmente las de inhabilitación, no solo dejaron de publicarse en los informes de gestión, sino que también –con algunas excepciones- dejaron de publicarse en la Gaceta Oficial, «en violación del artículo 113 del Reglamento de La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República».
Del rastreo hecho por Suprema Injusticia, solo se identificaron dos inhabilitaciones publicadas formalmente en Gaceta Oficial durante la gestión de Amoroso: La primera corresponde al expresidente interino Juan Guaidó, cuya inhabilitación por 15 años se registró en la Gaceta Oficial N° 445. 901 del 3 de abril de 2019. La otra se publicó en la gaceta N° 450.653 del 3 de julio de 2020, contra Jhonnathan Marín Sanguino, exalcalde de Guanta, estado Anzoátegui.
Algunas inhabilitaciones dictadas por Elvis Amoroso durante su paso en la Contraloría
En el año 2019, el funcionario inhabilitó a Juan Guaidó; a la fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz; al exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y a los opositores Julio Borges, Tomás Guanipa y Germán Ferrer.
También, Amoroso acordó la inhabilitación de los integrantes de la junta directiva de Citgo nombrada por Juan Guaidó.
Durante ese año, que era el primero de se gestión en el ente contralor tomó muchas otras medidas, que se describen a continuación:
En 2020 la Contraloría no publicó informe de gestión. En marzo de 2021, Amoroso presentó oralmente cuentas ante la Asamblea Nacional y dijo que entre 2019 y 2020 había inhabilitado a 150 personas, sin dar detalles.
También manifestó que el 2020 realizaron 699 actuaciones fiscales en instituciones del Estado venezolano.
Los números no se acompañan de la identificación de los entes públicos sobre los que se efectuaron las actuaciones fiscales, «mucho menos de las observaciones plasmadas y de si alguna de estas derivó en el inicio de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad», apuntó Suprema Injusticia.
En febrero de 2021, ontraloría anunció la inhabilitación de 28 diputados de la Asamblea Nacional electos en 2015, por no presentar declaración jurada de bienes como parlamentarios salientes.
Para el 30 de noviembre de 2021 se conoció la inhabilitación de Freddy Superlano, solo después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la elección para gobernador de Barinas, realizada en los comicios regionales del 21 de noviembre de ese año.
