Su rechazo ante el aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto pre-electoral, expresaron el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) y el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la UCAB, así como 70 organizaciones de la sociedad civil.
Esta posición fue dada a conocer mediante un comunicado en el cual advierten que “el patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene las restricciones, ya de larga data, sobre el espacio cívico y democrático en el país”.
Señalaron que, durante el mes de agosto de 2023, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión tras haber sido juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir. Adicionalmente, el día 15 la señora Yosida Vanegas, madre del Sargento Juan Carlos Monasterios, quien fue juzgado y condenado por intento de magnicidio, fue detenida sin orden judicial en una alcabala y desaparecida en el estado Táchira. Según la información difundida por sus familiares en el momento, la señora Vanegas fue trasladada a Caracas por una Comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Por otra parte, el 21 de agosto fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el enfermero y dirigente José Cádiz frente a su casa, y el día 23 del mismo mes, el ancla del canal de televisión Globovisión, Seir Contreras, fue despedido tras haberse expresado y cuestionado al diputado Ramón Magallanes durante una entrevista. Asimismo, las dirigentes políticas Delsa Solórzano y María Corina Machado han recibido amenazas a su integridad física en el contexto de los recorridos en diferentes estados del país a propósito de sus precandidaturas para los próximos procesos electorales.
Preocupa a estas organizaciones que el Estado venezolano continúe avanzando en represalias hacia sectores de la ciudadanía y la sociedad civil, a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos. “Vemos con preocupación el aumento de hechos de violencia e intimidación en la fase preelectoral que suponemos pretenden generar un efecto inhibitorio en procesos electorales venideros”.
Adicionalmente manifestaron que a todo esto hay que sumarle las inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que procuran incentivar la participación política a través de elecciones primarias, junto con la intervención judicial de asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y organizaciones políticas como el Partido Comunista de Venezuela (PCV). “Es esta una forma de disuadir y condicionar al electorado en Venezuela, lo que junto a los obstáculos institucionales y fácticos que se han impuesto desde el Estado, limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país”.
Finalmente hicieron un llamado al cese de la persecución del Estado venezolano a través de la criminalización de las voces disidentes. Insistieron en recordar que “es obligación del Estado, dirigir sus acciones en garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos”.
