La intervención de la Cruz Roja, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es una acción que sienta un precedente importante en la política restrictiva adelantada por el gobierno venezolano en contra de las organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Ante este escenario, el Observatorio Social Humanitario (OSH) realizó un conversatorio para intercambiar ideas en torno al l derecho a la asociación y el riesgo en el que se encuentra Venezuela, con la toma de acciones como las del TSJ.
Mario D’ Andrea, codirector de Civilis, y Lexys Rondón, coordinadora de Laboratorio de Paz, profundizaron en las consecuencias que este tipo de medidas tienen sobre las organizaciones sociales y los beneficiarios de los programas de asistencia que se están implementando para atender la emergencia humanitaria compleja que vive el país.
D’ Andrea aseguró que la intervención a la Cruz Roja venezolana se realizó sin velar por el debido proceso y destacó que las personas que integran la junta interventora no cuentan con ninguna experiencia previa en el campo humanitario. “Se interviene sin una investigación previa, sin debido proceso. Se reconoce que se han llegado a elecciones cada dos años, pero que el problema son los estatutos, cosa que no le corresponde a la Sala. Meten a un grupo de personas terceras a la Cruz Roja sin ningún tipo de experiencia en el tema humanitario y su trabajo, sobre la base de no saber qué está ocurriendo”, aseguró.
Un peligroso precedente
El abogado advirtió que esto puede ser considerado como un precedente que pone bajo amenaza al resto de organizaciones civiles que hacen vida en el país. “El hecho de que exista la sentencia, pueden hacer un refrito de que hay una acusación contra otras organizaciones y las van a intervenir sobre la base de una investigación que nunca se hizo, y pueden nombrar una junta interventora. (…) esto es replicable en la organización que les incomode” expresó.
Insistió en que los nuevos miembros de la junta comprometen la independencia de la organización “tanto Vollmer como Cusanno están haciendo giras en embajadas diciendo que esto no debe preocuparnos porque la Cruz Roja no es una ONG, lo venden así. Tiene un rol híbrido, pero es una organización humanitaria”.
Para D’Andrea esta sentencia pone en peligro la independencia de la organización, porque uno de los miembros no tiene no solo ninguna experiencia sino ejerció cargos en el gobierno venezolano. “También dos de sus miembros pertenecen a la UCV y su nombramiento se dió a espaldas del Consejo Universitario, por lo que comprometen y no respetan la autonomía universitaria” explicó.
Afecta derecho de asociación
Mientras que para Lexys Rondón esta intervención afecta directamente el derecho a la asociación “en materia del derecho a la asociación lo que ha sucedido es muy grave. Porque los estándares en materia de DDHH obligan, recomiendan a los Estados, respetarlos y garantizarlos. Uno de los principios más importantes es el respeto a la autonomía de organización de la sociedad civil para tener sus propias formas”. Insistió en que existen precedentes similares que se repiten con federaciones campesinas y partidos políticos.
Sofisticación en las formas de control y represión
Para Rendón toda esta realidad está determinada por un contexto autoritario y el uso de la hegemonía de los poderes públicos “estamos en un momento en que el Estado venezolano está teniendo una investigación por crímenes de lesa humanidad, hemos catalogado este Estado como autoritario, que no está actuando acorde a los estándares de la democracia, del Estado de derecho, la justicia, y tiene la intencionalidad de quedarse en el poder. Y ha incorporado el uso de la hegemonía de los Poderes Públicos al servicio del Ejecutivo para controlar sectores que le son críticos.”
Sobre los ataques a la sociedad civil, Rendón aseguró que “el Estado sabe que su última opción es recurrir a una violencia masiva como lo hizo en 2014 y 2017 porque eso fue lo que le abrió la investigación, pero no es descartable en la medida que entienda que puede perder el poder y puede criminalizar a la sociedad civil. Denunció que el gobierno está implementando e imponiendo normativas con el fin de controlar a una sociedad civil que es crítica contra el gobierno.
A juicio de la socióloga, el país está en un momento donde la represión necesita bajar y por eso el gobierno ejecuta castigos ejemplarizantes. “Necesitan que la población se sienta en un estado de indefensión, y se transforman en la medida que necesita ser menos represivo en términos de armas” agregó que esto, es para no poner en riesgo su hegemonía, y lo hará a través de la sustitución de cabezas, direcciones, legitimidad de organizaciones a lo interno, de sus representantes.
Ambos defensores coincidieron que es fundamental que las organizaciones sociales continúen en su trabajo de documentar, denunciar, difundir y hacer contraloría para que la sociedad civil no pierda su autonomía y se garantice la defensa de la independencia y permanezca la posibilidad de un cambio.
