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Las ONG e individualidades decidieron mostrar públicamente su profunda preocupación por la persecución y la violencia política, que aprecian como fenómenos recurrentes y comunes, condenables en todos los casos.
Las mujeres en Venezuela han sido históricamente víctimas de la discriminación y desigualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente el que se refiere a la posibilidad de ser elegidas y participar en la dirección de los asuntos públicos y políticos del país, detalla el escrito que ve un liderazgo femenino subpresentado en los más altos cargos y espacios de toma de decisiones.
En la escalada de ataques contra mujeres en cargos políticos, con aspiraciones políticas y activistas por los derechos de las mujeres, ven un ejercicio de prácticas sistemáticas que constituyen patrones de persecución y violencia política contra las mujeres, en el que se incluyen amenazas de muerte, de agresión físicas, de privación de la libertad y otras formas de intimidación.
Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes.
«Esta situación se extiende a los casos de violencia digital basadas en el género, lo cual afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos»
El comunicado alerta, igualmente, sobre la instrumentalización de mujeres en ataques políticos contra hombres. «Existen denuncias que apuntan a que con frecuencia, cuando ellos son víctimas de violencia, la mayoría de las victimarias son mujeres, con la intención de que si hubiera alguna respuesta ante la agresión, pudieran valerse de la violencia de género para denunciar. Condenamos la instrumentalización de la protección, de las mujeres y por supuesto la violencia ejercida».
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos han documentado la violencia de género, que se inserta en un contexto de persecución y criminalización generalizada-
Según el escrito, ello demuestra que la violación del derecho a la participación política no corresponde a casos aislados, sino que se trata de acciones sistemáticas dirigidas de manera estratégica y planificada, que busca censurar, reprimir y controlar a distintos actores, entre ellos, los actores políticos, impactando de manera diferenciada en el liderazgo político femenino.
Esta situación, que se alimenta de contenidos específicos con connotaciones abiertamente sexualizadas, no solo atenta contra su derecho a una vida libre de violencia, los derechos humanos y los principios democráticos, sino que también socava los esfuerzos nacionales e internacionales por lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, adolescentes y niñas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los firmantes solicitaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reporte con especial atención la violencia política contra mujeres y que apoye a los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos que velan por su protección. A la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitaron que analice la situación planteada.
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