Un total de 20 ataques e incidentes de seguridad durante julio de 2023 en Venezuela, registró el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), lo que pone en evidencia que la Política de Criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos sigue avanzando en el marco del cierre continuo del espacio cívico y democrático en el país.
Los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos humanos persisten.
La violencia de Estado, la represión y el control social siguen siendo ejercidos para intimidar y como una forma de limitar el actuar de la sociedad civil.
Los 20 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.
Las campañas de estigmatización no cesan mientras que los actos de intimidación, el hostigamiento y las amenazas se mantienen presentes para atacar el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Preocupa la sistematicidad de estos hechos. La falta de un espacio cívico libre y seguro en un contexto de eventos electorales representa un riesgo alto para el desarrollo de actividades de la sociedad civil.
Los 20 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por: 12 estigmatizaciones; 5 intimidaciones y hostigamientos y 3 amenazas.
Criminalización de la defensa, exigencia y promoción de DDHH
Destaca el CDJ que siguen adoptándose medidas contrarias al Espacio cívico y democrático, lo que hace que el entorno para el ejercicio de las actividades de la sociedad civil, y en particular de las organizaciones de derechos humanos sea cada vez más adverso y hostil, en tanto se profundiza la Política de Criminalización.
Los patrones de agresión siguen aplicándose con fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos. Personas y organizaciones que velan por el resguardo de la dignidad humana se enfrentan a agresiones y amedrentamiento, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.
La violencia, represión y control social del Estado sigue generando impactos negativos en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y restringiendo el espacio cívico y democrático. Insistimos que en el marco de un contexto preelectoral el respeto al ejercicio de las actividades de defensa, promoción y exigencia de derechos humanos deben ser garantizadas de forma plena y sin represalias.
Ante la continuidad de la crisis socio-política y la emergencia humanitaria compleja, el trabajo de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, resulta más necesario, por lo que es indispensable que se establezcan medidas que permitan su accionar sin represalias o limitaciones arbitrarias.
