Es preocupante que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se haya reunido con el Estado Mayor Superior Ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el Fuerte Tiuna, para ordenar de una vez la operatividad del Plan República sin que hasta el momento se haya determinado la fecha de las elecciones presidenciales.
Así lo expresó el doctor Rafael Narváez, defensor de los Derechos Humanos y exparlamentario, quien añadió que dicho plan, durante un poco más de los últimos veinte años ha venido actuando con discrecionalidad en los procesos electorales, incluyendo cierre del acto de votación en centros de votación y, por supuesto, a favor del gobierno.
Esto ha sido parte de la violación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos, violentándose así la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual garantiza la plenitud de esos derechos.
En este orden de ideas, el doctor Narváez se refirió al desalojo de las directivas de los partidos políticos y el nombramiento de otras por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el despojo de símbolos y tarjetas de las organizaciones políticas, la inhabilitación de dirigentes políticos por parte de la Contraloría General de la República sin que los afectados hayan sido investigados y condenados por un tribunal, la persecución, detención y torturas de políticos, además de actuaciones judiciales contra dirigentes sindicales, así como la renuncia obligada a los rectores del Consejo Nacional Electoral para sustituirlos por otros, que seguramente no serán independientes.
La Corte Penal Internacional está investigando las muertes y torturas a que fueron sometidas indefensas personas que participaron en manifestaciones pacíficas de calle y del mismo modo las actuaciones de los mandos militares y civiles, que ordenaron el uso desmedido de la fuerza, incluyendo el uso de armas de fuego contra los manifestantes.
Ahora Nicolás Maduro ha ordenado adelantar el Plan República, según sus propias palabras, “cuando toque, donde toque, como toque.”
Esta es una orden preocupante porque sobrepasa cualquier norma legal, pero es que el Estado bajo el mando de Maduro no respeta la Constitución y todos los funcionarios utilizan la violencia, sin disimulo alguno.
El gobernador de Trujillo dio la orden de atacar despiadada y fisicamente, utilizando palabras soeces, contra la ingeniero industrial María Corina Machado y, en general, contra todos los candidatos de la Primaria que entren a esa entidad federal.
También está el caso de Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, a quien le caen a golpes cada vez que realiza una gira política y recientemente la abogada Delsa Solórzano denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte a través de llamadas
Preocupa que el Estado no respete el derecho político de elegir y así vemos cómo se ataca al proceso de Primaria y a los candidatos.
Conviene recalcar que la Primaria es un acto privado y, por lo tanto, son los ciudadanos quienes han decidido realizar unas actividades destinadas a escoger a una persona que participará en las elecciones presidenciales.
Contrario a lo que está haciendo, el Estado debiera promover precisamente la participación de la ciudadanía.
No es el momento de adelantar un Plan República, pero se hace para amenazar no sólo a los candidatos sino a los propios electores y tratar de que no se manifiesten a través del voto, que es el único instrumento existente para cambiar democráticamente al presidente de la República y demás funcionarios elegibles.
No es con amenazas que se logra la paz, dijo el doctor Narváez. La paz no se decreta, sino que se construye mediante la garantía constitucional de que los ciudadanos gocen de sus derechos civiles y políticos.
