Actualizar y ampliar la investigación de la Comisión de Ambiente y Cambios Climáticos de la Asamblea Nacional legítima, principalmente la situación de agresión ambiental en el estado Lara, por parte del Gobernador Adolfo Pereira y el Alcalde del Municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, solicitan a la Asamblea Nacional.
El objetivo es detener el proceso de deforestación, tala y explotación indiscriminada de los bosques, parques nacionales y monumentos naturales, en la extracción de minerales como el oro y el coltán, para obtener beneficios económicos, de forma ilegal.
El señalamiento lo hizo, en un punto de información, el diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios de la Fracción Parlamentaria del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), durante la sesión de la Comisión Delegada, celebrada este martes vía online.
“Esta actividad ilegal y criminal que está arrasado con ecosistemas de interés mundial, pues las áreas que se explotan forman parte de la Amazonía, impactando en el desarrollo de los pueblos indígenas y afectando la biodiversidad única de la zona; causando estragos ambientales ocasionados por la implementación del Arco Minero del Orinoco, que arbitrariamente avaló la minería en el estado Bolívar”, aseguró.
Agregó que esta es una zona ecológica protegida, con presencia de más de 190 comunidades indígenas, que no solo ha traído como consecuencia la destrucción de bosques, sino también la contaminación del suelo, aire y agua por el uso del mercurio, lo cual ha sido fuente de comercio ilegítimo por parte de organizaciones criminales que funcionan en la zona con protección del gobierno de Maduro.
“Estos ilegales que operan en la zona son bandas que cohabitan con las autoridades practicando negocios ilícitos, como el contrabando de oro y el coltán, del combustible, la trata de personas, tráfico de drogas y armas, entre otros”.
Recordó el diputado Palacios, que, Nicolás Maduro en una intervención pública en el año 2019 anunció que entregaría una mina de oro en el Estado Bolívar a cada Gobernador del proceso, excepto los del Zulia, Nueva Esparta, Cojedes y Barinas, para que financiara el presupuesto, lo cual fue rechazado por esta Asamblea Nacional legítima .
“Luego vimos a varios funcionarios, entre ellos el Gobernador de Lara, Adolfo Pereira inspeccionando la mina que le asignaron a Lara, de lo cual, no se tiene conocimiento de los ingresos que pueda haber producido esa mina. Desde ya señalamos que este es un gobernante depredador, que ha tomado el camino de la agresión ambiental en contra de la comunidad venezolana y larense”, afirmó el parlamentario.
Agresión ambiental en Lara
Precisó, que el Estado Lara ha denunciado desde el Bloque Parlamentario en conjunto o separadamente con los Diputados Macario González, Daniel Antequera y la presidenta de la Comisión de Ambiente la diputada María Gabriela Hernández, las actividades genocidas de tala y deforestación indiscriminada.
En el caso del estado Lara denunció la agresión ambiental con la intervención y cooperación del Gobernador Pereira, quien explota el arco minero, además de especies arbóreas, así como protector de la tala y la quema en el parque nacional cerro Saroche del Estado Lara.
Igualmente denunció que el alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, ha constituido una empresa mixta municipal con el objeto de producir carbón vegetal para consumo interno y exportación, a partir de la quema de árboles, lo cual ha traído como consecuencia la organización ilícita para talar y quemar árboles en el Parque Nacional Cerro Saroche.
“Lara no es zona productora de oro, pero se han apoderado de estas zonas protegidas para convertirlas en carbón y promover desiertos y de esta manera compensar lo que nacionalmente le han asignado y obtengan recursos que nacionalmente no les pueden transferir. Estas son razones para señalar que en Lara los primeros depredadores del ambiente son el Gobernador del Estado Adolfo Pereira y el alcalde Iribarren Luis Jonás Reyes”.
Hizo un reconocimiento a las organizaciones ambientales que hacen vida en la zona, personalidades y al alcalde del municipio Torres Javier Oropeza, quienes han acudido a realizar las denuncias y alertar sobre estos hechos, incluso en los organismos de justicia, pero aún no han tenido respuesta.
