Hay madrugadas en las que Jennifer Blanco*, de 14 años, se despierta aterrada. No hay pesadillas, ruidos bruscos, ni nada repentino que aliente el temor. “Empiezo a mirar, toco a mis hermanos para ver si están respirando, no sé por qué tengo eso. Después, cuando veo que todo está bien, me acuesto otra vez”, confiesa.
Aunque no puede predecir estos episodios, sí sabe cuál es su origen: empezaron poco después del asesinato de su padre, Amilcar Blanco*, quien fue presuntamente ejecutado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, luego de participar en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2019. Una comisión policial entró a su casa en un pueblo del estado Lara, a 470 kilómetros de Caracas, sacó a sus hijos y a otros familiares y se quedó solo con él. La víctima dejó cinco niños huérfanos. Jennifer es la mayor.
De acuerdo con datos recabados por Monitor de Víctimas —una plataforma de periodismo que realiza un registro minucioso de los homicidios y los casos de letalidad policial en Caracas y otros cuatro estados de Venezuela— entre 2017 y 2022, 1.328 niños y adolescentes quedaron huérfanos producto de las muertes ocurridas por presuntas ejecuciones extrajudiciales o resistencia a la autoridad solo en Caracas. En el estado Lara —donde vive Jennifer y sus cuatro hermanos—, estas mismas causas dejaron huérfanos a 143 menores de edad, entre 2020 y 2022 (periodo del que se tiene registros). En Táchira fueron 14, entre 2021 y 2022; en Zulia, 27 solo durante 2022 y, en Sucre, 17 en el mismo año.
Entre enero de 2016 y octubre de 2019, se reportaron 19.801 casos de resistencia a la autoridad en Venezuela, según una filtración de datos oficiales del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a la que se tuvo acceso.
Esta investigación, basada en datos recabados por Monitor de Víctimas y con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), revela a través de tres podcast cómo los niños, niñas y adolescentes terminan siendo el eslabón más frágil y vulnerable de la cadena de dolientes que deja la letalidad policial en Venezuela.
Para este reportaje especial se seleccionaron casos de víctimas de letalidad policial ocurridos entre 2017 y 2022 en Caracas y los estados Lara, Táchira, Zulia y Sucre, y dejaron huérfanos a menores de 18 años. Luego, se realizaron más de 30 entrevistas en persona a los niños, niñas, adolescentes y a sus madres y cuidadores por medio de dos formularios que indagaron sobre el estado físico y nutricional, la escolaridad, la salud mental, la carga familiar, la recreación y el afecto que reciben los pequeños.
A través de las historias de nueve víctimas de la violencia policial, que dejaron 26 huérfanos en cinco estados del país, un equipo periodístico identificó cómo las familias —y, en particular, los más pequeños— se transformaron y comenzaron a experimentar una serie de consecuencias psicológicas, como los terrores nocturnos de Jennifer, además de carencias alimenticias, educativas, materiales y afectivas, luego de las presuntas ejecuciones de sus progenitores.
Los relatos, acompañados de las opiniones de psicólogos, sociólogos y antropólogos consultados para este trabajo, se presentan en esta serie de podcast que explora tres aristas del problema: salud mental, privaciones económicas y educación.
