Al menos 61 actos de persecución y criminalización, ejercidos bajo la política de la administración de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, fueron documentados durante el mes de junio desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
De acuerdo a la organización, trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política y la población, mayoritariamente trabajadores del sector público, sindicalistas, campesinos e indígenas, representaron el 70% de la totalidad de las víctimas de persecución y criminalización en el sexto mes del año.
“En Venezuela la criminalización del derecho a la manifestación, la protesta y la huelga, se ha incrementado de manera alarmante en los últimos meses. Así como las limitaciones a la libertad de expresión y al derecho a recibir y compartir información. Las diversas protestas ocurridas durante el mes de junio abarcaron un alto porcentaje de los casos documentados en dicho mes, durante las cuales los periodistas también fueron amenazados o impedidos de registrar los reclamos de este grupo de la población”, se lee en un documento compartido a los medios.
Cepaz señala que las personas que hicieron parte de estas manifestaciones de exigencia de derechos recibieron amenazas e intimidaciones. También fueron víctimas de allanamientos a sus viviendas, detenciones arbitrarias e incluso de medidas cautelares innominadas que hoy les prohíben expresarse libremente y ejercer el derecho fundamental a la protesta.
“En definitiva, el mes de junio marcó una preocupante agudización de la criminalización a la protesta. Con la documentación de estos 61 actos de persecución y criminalización durante el sexto mes del año, el primer semestre de 2023 cierra con al menos 385 casos. Esto se traduce en que en Venezuela cada 12 horas una persona es víctima de la violación de sus derechos humanos a través de actos de persecución y/o criminalización, o lo que es lo mismo, por cada día, de enero a junio, dos personas fueron víctimas de la crisis en derechos que se agudiza en el país”, denuncian.
Patrones de persecución y criminalización identificados
En el monitoreo y análisis de los 61 casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de junio, Cepaz identificó las siguientes acciones: 14 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio, un allanamiento irregular, cuatro impedimentos de registrar un hecho noticioso, 18 detenciones arbitrarias, 22 medidas cautelares y una inhabilitación política.
“De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de junio, identificamos: dos contra personas vinculadas con la política, 16 contra trabajadores de la comunicación, 43 contra la población”.
Acciones contra trabajadores de la comunicación
Durante el mes de junio al menos a cuatro trabajadores de la comunicación les fue impedido registrar un hecho noticioso. El primero de los casos fue perpetrado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quien impidió que los periodistas Robert Arámbulo y Alexander Rodríguez, y el fotógrafo Javier Plaza registraran una protesta de miembros de la etnia yukpa que se llevaba a cabo en el sector Los Dulces, en el estado Zulia.
El segundo caso fue perpetrado por la Policía Nacional Bolivariana, quien impidió que varios periodistas cubrieran una protesta que se llevaba a cabo en el Centro Financiero Latino, en Caracas, en la que trabajadores públicos exigían la libertad de los trabajadores detenidos en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). En este último caso no se logró determinar el número de trabajadores de la comunicación a quienes se les impidió ejercer sus labores.
Los obstáculos de los cuales son víctimas los periodistas que intentan registrar las protestas que diariamente ocurren en Venezuela, no solo vulnera libertades como la expresión e información sino que además constituye un acto de criminalización de la protesta, en donde se pretende silenciar cualquier voz o medio que haga eco de los reclamos sociales.
También durante el mes de junio al menos 10 trabajadores de la comunicación fueron víctimas de hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios públicos, mientras que una periodista fue hostigada por un sujeto desconocido. En el contexto de las protestas de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, fueron intimidados por la GNB los periodistas Pableysa Ostos, Félix Requena, Rosangelys Bruces, Carlos Suniaga, José Medina y Stephanne Hernández. En otro contexto de protestas, la periodista Yoirys Sosa fue intimidada en el Hospital Central de San Cristóbal, donde acudió para solicitar información oficial a las autoridades sobre una protesta que realizaban estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad de Los Andes en ese centro de salud.
Por su parte, las periodistas Magaly Hassan y Scarlet Pérez denunciaron haber sido intimidadas por un funcionario de la Fuerza Armada Nacional que custodiaba una estación de servicio ubicada en Falcón. Las periodistas intentaban registrar la situación del suministro de combustible en la estación, en un contexto de escasez de gasolina en el interior del país, cuando funcionarios las abordaron, les tomaron fotografías, les prohibieron hacer fotos y videos y cuestionaron reiteradamente qué hacían en ese lugar, pese a que ambas se identificaron como periodistas. Asimismo, la periodista Regina Freites, fue agredida por la política municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, cuando se encontraba registrando un incendio en un local comercial en Carúpano. Freites fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de los funcionarios policiales.
Además la periodista Laura Clisánchez, fue víctima de una publicación en la cuenta anónima de Instagram @vzlamegafono, en la que se intentó vincular a la periodista con una empresa de publicidad para obligar a las personas a contratar el servicio publicitario a cambio de dejar de escribir denuncias en el periódico en el que trabaja.
Por último durante el mes de junio ocurrió el cierre de una emisora de radio, y aunque no fue por una decisión directa del Estado, si tuvo su origen en acciones del pasado perpetradas por el Estado que hicieron imposible a Radio Caracas Radio (RCR), que transmitía por internet desde 2019 luego de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le negara la solicitud de renovación de la concesión, continuar con sus operaciones tras casi un siglo de transmisiones. La decisión administrativa del año 2019, aunada, a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, hizo imposible que la emisora continuara al aire.
Criminalización contra ciudadanos
En el contexto de las protestas sociales que continúan desarrollándose en el país, los trabajadores de Sidor y los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss), denunciaron ser víctimas de amedrentamiento, actos violentos y amenazas con armas de fuego, por parte de efectivos de la GNB. Los funcionarios intentaron dispersar una huelga laboral en protesta por los bajos salarios, la inexistencia del servicio de hospitalización, cirugía y maternidad y el impago de prestaciones sociales.
Asimismo, bajo el patrón de criminalización de la protesta también fueron víctimas los campesinos, quienes recibieron amenazas por parte de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes solicitaron ante la Asamblea Nacional que se lleven a cabo juicios y privativas de libertad para aquellos campesinos que boten sus cosechas. Vale destacar, que los campesinos se vieron obligados a botar sus cosechas porno poder distribuirlas debido a la falta de combustible, además como un mecanismo legítimo de protesta, manifestación y reclamo ante la crisis de la cual es víctima el sector.
En otro acto, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la vivienda del trabajador de Sidor, Yuxcil Martínez, para llevárselo detenido, sin embargo, al no encontrarlo en su vivienda no lograron privarlo de su libertad.
De la totalidad de las detenciones arbitrarias documentadas durante el mes de junio, tres ocurrieron contra sindicalistas de Sidor en el contexto de las protestas por reivindicaciones laborales. Las víctimas fueron Leandro Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera, acusados de instigación al odio, agavillamiento y asociación para delinquir.
Por otra parte, pero también en un entorno de protestas, siete indígenas yukpas fueron detenidos cuando más de 120 personas originarias de esta etnia trasladaban sus artesanías hasta Caracas. Funcionarios de la GNB quemaron las artesanías e incautaron vehículos automotores y acusaron a los yukpas de seguir instrucciones de personas traidoras a la patria que buscan la desestabilización del país.
También fueron detenidos dos campesinos que viralizaron un video en donde arrojaban a los ríos sus cosechas por no poder transportarlas hasta los mercados debido a la falta de gasolina. Las víctimas fueron Ysnet Antonio Rodríguez Mambel y Jhonar Barazarte Trompetero. En otro contexto, vinculado con las actividades de índole político que se desarrollan en el país en vísperas de las elecciones primarias de la oposición, funcionarios del Sebin detuvieron a cinco personas por apoyar la logística de un encuentro de la candidata a la primaria por Vente Venezuela, María Corina Machado, en el estado Barinas.
Además, Marina Barreto, médica cardióloga, fue detenida en la ciudad de Valera, estado Trujillo, luego de denunciar irregularidades en el suministro de gasolina en una estación de servicios que pertenece a su familia. Barreto fue acusada por las autoridades de traición a la patria, boicot y de vender gasolina a clientes “VIP” y a sus amistades.
Por otra parte, veintidós sidoristas que encabezaron las diferentes manifestaciones recibieron medidas que establecen la imposibilidad de los trabajadores de continuar con las protestas y la huelga laboral. Las víctimas fueron: Leonardo Azócar, Daniel Romero, José Mago, Roger Herrera, Jackson Astudillo, Yván Hiato, Oscar Maíz, Yin Rendón, Carlos Patiño, Miguel Susarret, Zoni Lizardi, Remys Ramos, Ramón Marín, Javier Rivas, Víctor Sulbarán, Richard Rodríguez, Oliver Herrera, Alvaro Luces, Hermes Rodríguez, Yuxcil Martínez, César Soto y Armando Simosa.
Persecución a personas vinculadas con la política
Personas adeptas al gobierno de Nicolás Maduro intentaron agredir a la candidata para las primarias de oposición, María Corina Machado, en un evento que se llevaba a cabo en Tinaquillo, estado Cojedes. Los integrantes del partido pudieron resguardar a Machado subiéndola en un vehículo, pero las personas continuaron golpeando el automóvil.
En otro acto, Machado fue víctima de la violación a sus derechos políticos. La Contraloría General de la República decidió arbitrariamente inhabilitar a Machado por un periodo de 15 años a partir del año 2015, por lo que no podría participar en ningún evento de elección popular hasta el año 2030.
Vale destacar que un acto administrativo no puede suprimir el derecho a ser electo para cargos de elección popular, pues la normativa venezolana contempla las inhabilitaciones políticas a los cargos de elección popular como una pena accesoria, es decir, que la misma es consecuencia de una principal que debe derivarse de una sentencia firme, dictada por un tribunal. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce las limitaciones a los derechos políticos que se encuentren fundadas en una condena dictada por un juez competente que imponga al condenado la pena accesoria de inhabilitación política. Esto reafirma la imposibilidad de que un órgano distinto a un tribunal con autonomía, independencia y con competencia pueda inhabilitar políticamente a un ciudadano.
