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La economía que gira alrededor de ilícitos creció hasta una magnitud que pone en peligro puestos de trabajo, evade el pago de cientos de millones de dólares en impuestos contamina el mercado con marcas piratas y golpea las ventas de las empresas que operan bajo el marco de las leyes y reglamentos.
De acuerdo con los datos que maneja Conindustria, la cámara que agrupa a la manufactura privada en el país, las prácticas ilícitas están presentes en más de la mitad de las transacciones que se hacen en la economía y en 2018, cuando era menos relevante, el comercio ilícito ya representaba 36% del PIB.
En la encuesta que hizo Conindustria para evaluar el desempeño del sector en el segundo trimestre de este año 53% de las empresas afirmó que los ilícitos son un factor que limita la posibilidad de aumentar la producción.
Guillermo Wallis, presidente de la Asociación de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim) explica que erróneamente se piensa que los ilícitos se limitan al contrabando pero la lista de irregularidades que desplaza a productos elaborados en el país, a través de una competencia desleal, es extensa.
Por mencionar a los más importantes explica que la economía subterránea se caracteriza por la evasión, es decir, productos que no pagan impuestos, no poseen patente, se negocian sin facturas y carecen de licencias. Además, se encuentran los productos clandestinos porque no cumplen con las normas de elaboración y de aspecto sanitario.
Agrega el contrabando que consiste en el ingreso de mercancía al país sin pagar impuestos o aranceles. También en el mercado se detecta la falsificación, la presencia de productos que simulan ser de determinada marca a través de empaques que confunden al consumidor. Asimismo está presente la usurpación, es decir, la venta de productos de marcas reconocidas sin autorización.
Finalmente hay que considerar la adulteración donde se añaden componentes, incluso tóxicos, a productos que representan un riesgo para la salud del consumidor.
La rueda del comercio y la producción consiste en que un distribuidor vende materia prima a una empresa que la usa para fabricar un empaque. Luego el empaque es vendido a la empresa que envasa el producto. El producto es vendido a un mayorista, luego al minorista y finalmente al consumidor final.
Seis transacciones en las que, actualmente, existe una alta probabilidad de que en alguna de ellas esté presente algún ilícito.
Los productos que se mueven de manera ilícita, al evadir impuestos, regulaciones y normas son colocados en el mercado a menor precio y compiten de forma desleal con las empresas que laboran en el sector formal de la economía.
“El encadenamiento productivo está en peligro por la competencia desleal. Por ejemplo en el caso de una botella de champú que se fabrica en el país participan las empresas que elaboran el empaque y la etiqueta, quienes proveen las materias primas, el fabricante del producto, hay pagos en la economía, uso de bancos, de seguros, en fin puestos de trabajo”, dice Guillermo Wallis.
Mercado contaminado
Los ilícitos impactan de distintas formas. “Las salchichas que se producen en Venezuela tienen un valor proteico mínimo exigido por la ley, las salchichas que están llegando de manera ilícita no lo tienen. La mayonesa que ingresa de forma ilegal desde Colombia y Brasil no cumple con lo que establece la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenim)”, explica Guillermo Wallis.
Menciona otros casos. “Productos como aceite, azúcar y pollo llegan sin control por las fronteras. El sector lácteo enfrenta la competencia de productos importados que desconocen abiertamente la normativa sanitaria en Venezuela. El 70% de las bebidas alcohólicas que circulan en el país son parte del comercio ilícito”.
“El 60% del mercado de cosméticos podría ser piratería por práctica de contrabando, usurpación de los códigos correspondientes a los certificados y falsificación. El monto de la evasión fiscal por el cigarrillo que entra por contrabando es de alrededor de 200 millones de dólares al año”, dice Guillermo Wallis.
Las empresas de sectores como plástico, vidrios, autopartes, pinturas, lubricantes, textil, calzado e higiene personal también están afectadas.
Los refrescos
Datos de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber) indican que cada mes ingresan al país más de 2 millones 100 mil cajas de colas negras sin cumplir con controles, normas sanitarias, etiquetado y metrología. Además sin pagar impuestos nacionales y municipales como lo hace la industria formal.
En buena parte los refrescos son producidos en Colombia por la empresa Postobón y una vez que ingresan al mercado colombiano son desviados a Venezuela. El impacto se siente con fuerza en los estados Zulia y Táchira
Postobón envasa Pepsi en Colombia y en Venezuela lo hace Empresas Polar. Las licencias comerciales indican que solo Empresas Polar puede envasar y vender Pepsi en Venezuela, es decir, aun si los productos de Postobón no ingresaran a través del contrabando seguiría siendo ilegal su venta en el país.
“El contrabando de productos fabricados por Postobón en Colombia equivale a un actor más de la industria nacional. Este fenómeno ha venido creciendo a un ritmo muy importante” dice Carlos Palumbo director ejecutivo de Anber.
“A esta velocidad, estamos proyectando que en los próximos meses el contrabando se convertirá en el actor más relevante del mercado, desplazando a la industria nacional formal”, agrega.
Las estadísticas indican que actualmente el 43% de las colas negras que se consumen en el Zulia ingresan de manera ilegal al país. “Con esta realidad, ya no tiene sentido para las empresas mantenerse produciendo en este estado”, dice Carlos Palumbo.
Postobón reconoció el problema y explicó en un comunicado que “en los últimos años algunas de las marcas insignes de esta empresa de bebidas y sus registros sanitarios han sido falsificados y registrados ilegalmente ante las autoridades venezolanas por organizaciones delictivas”.
Añadió que esta práctica “ha facilitado el contrabando de estos productos de Colombia a Venezuela, afectando no solo a los participantes de este mercado, sino también a las marcas y la reputación de Postobón”.
Los aranceles
Guillermo Wallis explica que una medida que podría incentivar la producción de las empresas venezolanas, en promedio la industria nacional solo está utilizando 30% de su capacidad, es eliminar los aranceles a la importación de materia prima.
“Si quitamos los aranceles la materia prima será más barata, transformarla en producto terminado va a ser más económico y el producto final llegará de manera más económica a los anaqueles”, dice Guillermo Wallis.
Ante la observación de que esa medida se traduciría en una ventaja respecto a las importaciones indica que “me estarías dando una ventaja pero hay impuestos que se pagan en Venezuela que no existen en otros países. Lo que pedimos es que se igualen las condiciones. Aun con esta medida la cancha seguiría inclinada hacia el otro lado”, recalcó.
Actualmente el gobierno permite la importación de 1.500 ítems exonerados del pago de aranceles. Guillermo Wallis señala que “la materia prima para fabricar esos 1.500 ítems en Venezuela paga aranceles. Entonces hay un desbalance”.
Agrega que otra medida que podría impulsar la producción y las exportaciones, metas que el gobierno ha planteado como prioritarias, es disminuir los trámites administrativos y revisar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que por cobrarse en cascada tiene un impacto de 18% en el producto final.
El pasado 26 de junio Nicolás Maduro afirmó que “el contrabando es muy nocivo para el productor nacional, entonces estamos hablando de crear un organismo de la FANB para identificar dónde están las mafias del contrabando”.
Luego, el 10 de julio, Delcy Rodríguez anunció la creación del Estado Mayor contra el Contrabando donde participará el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y los empresarios.
“Esto hay que celebrarlo y esperamos que funcione, esto sería una muy buena noticia”, dice Guillermo Wallis.
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