La Decisión 45 COM 7B.71 de la UNESCO del 4 de julio de 2023, relacionado con la declaración del Parque Nacional Canaima, como patrimonio de la humanidad, fue objeto de debate en la legítima Asamblea Nacional de Venezuela durante la sesión de la Comisión Delegada de este martes.
El diputado, Julio Ygarza, abrió el debate señalando que la UNESCO no tiene claro “si las operaciones mineras existentes dentro del denominado Arco Minero del Orinoco hayan sido sujetas a evaluaciones de impactos potenciales”, esto a pesar de las reiteradas solicitudes del organismo intergubernamental. Ygarza aseguró que solo se ha observado “excusas y más excusas climáticas” por parte del régimen de Nicolás Maduro para “no dar la información real de lo que viene sucediendo en este Arco Minero de sangre”. Por lo que el parlamentario pidió la invitación “urgente” de la Misión de la UNESCO para la evaluación en el sitio del “desastre natural” y así darse el cumplimiento de la recuperación de este ecosistema.
Mientras que el parlamentario, Romel Guzmana, recordando al inicio que el Parque Nacional Canaima y otros parque al sur del país son protegidos y ese es el deber del Estado, “cerca de 20% de este importante parque está siendo explotado y excavado por la minería ilegal, además está dentro del criminal Arco Minero del Orinoco”.
El diputado añadió que actualmente no hay un trato adecuado al cuidado del ecosistema nacional, “sabemos que las máquinas están siendo trabajadas por las guerrillas de las FARC y sus elites para generarle beneficios al régimen madurista”.
El diputado, Carlos Andrés González, expresó que de manera fallida y con la complacencia del actual régimen “nuestra riqueza ambiental está siendo sometida a minería ilegal, explotación petrolera y contaminación”. González también aseguró que el Arco Minero del Orinoco constituye una de las más fragantes violaciones a la protección ambiental en Venezuela y rechazó los continuos retrasos causados por el madurismo hacia la Misión de Monitoreo Mundial de la UNESCO, “esto muestra la irresponsable actuación de ellos y su necesidad de ocultar los delitos de lesa humanidad en material ambiental”.
La diputada, María Gabriela Hernández, última en participar hizo referencia a los informes presentados ante la Asamblea Nacional de 2015 por expertos y diversas Organizaciones No Gubernamentales en donde se alertaba la grave situación del Parque Nacional Canaima, “nosotros declaramos esta área en estado de emergencia ambiental y notificamos a diferentes organismos internacionales como la UNESCO”.
Hernández aseguró que este parque requiere “urgente restauración de su ecosistema, erradicar la minería y sanear sus aguas del mercurio y otros químicos, por lo que se necesita de disposición técnica, financiera y sobretodo de la voluntad política del Estado y la UNESCO”. Añadiendo que el grado de devastación y daño a la naturaleza no es producto de políticas de derechas o de izquierda, sino una “política con toda la alevosía de causar daño ambiental”, precisó.
