A medida que aumenta la conflictividad social y laboral en Venezuela, también lo hace la represión gubernamental contra los trabajadores y sus representantes. Así, en el primer semestre del año, se registraron 4.351 protestas, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). El número es 11,79% superior al del mismo período del año anterior, cuando esta misma organización contabilizó 3.892 manifestaciones.
7 de cada 10 acciones de calle que se produjeron en el país entre enero y junio de este año tuvieron como propósito demandar mejoras salariales o el cumplimiento de los contratos colectivos, apuntó la organización y reseñó en su portal web la ONG Acceso a la Justicia.
En este mismo tiempo, 6 dirigentes sindicales fueron condenados a largas penas de prisión y 22 más los detuvieron los cuerpos policiales y militares por ejercer sus derechos a la manifestación o a la huelga.
Señala la organización que los activistas fueron arrestados entre el 4 y 7 de julio de 2022 por participar en la ola de protestas que provocó la aplicación del polémico instructivo salarial dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), gracias al cual millones de trabajadores públicos vieron reducirse sus bonificaciones y primas, irrespetando lo establecido en las convenciones colectivas.
En este sentido, la legalidad de la decisión adoptada por la jueza 2 de Juicio en materia de terrorismo, Grendy Duque Carvajal, quien declaró culpables a los sindicalistas de incurrir en los delitos de conspiración y asociación para delinquir, ha quedado en entredicho. ¿La razón? “Sin una sola prueba y sin que el denunciante (…) apareciera durante un año y dos meses (que duró el juicio), la jueza los ha sentenciado. ¡Esto es una injusticia!”, explicó el abogado Eduardo Torres.
