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Unas 242 organizaciones no gubernamentales, entre ellas 15 internacionales, rechazaron la intervención judicial de la Cruz Roja de Venezuela, al considerar que la medida sienta un «grave precedente» para las asociaciones civiles en el país.
En un comunicado, las ONG calificaron como un «cuestionable fallo» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada el pasado 4 de agosto, de cesar a la directiva y nombrar una junta reestructuradora encabezada por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras.
«Alertamos que tal decisión constituye un agravamiento de un patrón de intervenciones violatorias a las diferentes expresiones de la sociedad civil que se viene produciendo en el país», dicen las organizaciones que creen que este hecho «viene a agravar las ya severas privaciones que sufre la población» que recibe asistencia humanitaria.
Contra la independencia y autonomía
A juicio de las ONG, esta sentencia se enmarca en los «esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil» y «deja abierta la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela».
Por ello, piden que el TSJ «cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil» y «que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse, garantizando la continuidad de sus labores».
«Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales», prosigue el escrito.
Además, las ONG piden a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU que «registren y hagan seguimiento de este ataque».
La nueva junta directiva «ad hoc» de la Cruz Roja venezolana recibió el 9 de agosto a delegados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para elaborar «la hoja de ruta» que garantizará, en un período máximo de un año, «elecciones democráticas» dentro del organismo.
FICR preocupada por independencia y trabajo humanitario
La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) expresó el 9 de agosto su preocupación por la situación de la sociedad nacional de este movimiento en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el viernes intervenir la organización y ha designado una nueva directiva para su reestructuración.
«Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales causa graves preocupaciones en torno a su independencia y de cara a su trabajo humanitario, por lo que será tratado de forma prioritaria», señaló el comunicado de la federación con sede en Ginebra.
La FICR añadió que envió a algunos de sus responsables a Caracas esta semana para reunirse con la delegación permanente en Venezuela, con el fin de lidiar con los últimos acontecimientos y «entender mejor los riesgos, el nivel en el que el gobierno está involucrado, y analizar la capacidad para poder seguir ofreciendo servicios humanitarios».
«La FICR tiene mecanismos propios para responder a situaciones en las que se considere que una sociedad nacional miembro de la federación ha roto nuestros principios fundamentales, y animamos a los gobiernos a facilitar que esos mecanismos internos de la federación lidien con ello», se lee en la nota.
«Nuestra prioridad es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país. Su acción neutral, imparcial e independiente ha sido esencial a la hora de salvar vidas», agregó la federación.
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