Solidarizarse con los obreros y empleados públicos que no han podido acceder a los recursos cotizados en sus cajas de ahorro, acordó la legítima Asamblea Nacional. El Estado no ha realizado los aportes que, por ley, corresponde hacer a cada trabajador, y peor aún, se ha apropiado del dinero que ha descontado sistemáticamente a todo el personal.
El diputado Luis Barragán (Encuentro Ciudadano), propuso un punto de información para denunciar la situación irregular que vienen atravesando los trabajadores de la administración pública; evidenciada hace pocos días por los sindicatos y gremios que agrupan a profesores universitarios, personal administrativo y obrero de las universidades públicas y autónomas del país. Al respecto, lamentó que en lo que va de siglo “se ha perdido la noción del ahorro en Venezuela”, porque el régimen se encargó de destruir las instituciones que lo estimulaban.
En este sentido, recordó que anteriormente la sola pertenencia a una caja de ahorros significaba la expectativa y posibilidad cierta de “poder adquirir una vivienda u obtener algún préstamo para remodelarla, gozar de una póliza de seguro, andar en vehículo propio, cubrir los compromisos académicos, actualizar el equipo telefónico y hasta vacacionar”. Además, las directivas de las entidades se elegían periódicamente por sufragio personal, directo y secreto de la membresía.
Por ello, valoró la denuncia formulada recientemente por el gremio profesoral ante la Fiscalía General de la República, porque el Estado no ha realizado los debidos aportes “y peor todavía, se ha apropiado del dinero que ha descontado sistemáticamente al personal docente de las universidades y por largo tiempo”.
Por otra parte, acusó el mecanismo empleado por el régimen para descontar religiosamente las cuotas mensuales por afiliación a las cajas de ahorro. “Se hace a través del sistema Patria, un impersonal dispositivo tecnológico y administrativo”, apuntó, que se aplica en todos los gremios profesionales y sindicatos. “Simplemente se les descuenta y se incurre en una apropiación indebida de recursos que, al cabo de cierto tiempo, el Estado termina acumulando en varios millones de dólares”. Y aunque se ha denunciado insistentemente no hay respuesta del sector oficial. “Todo lo contrario: hay indiferencia, negligencia y desprecio”, aseguró.
