Causa preocupación que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante un procedimiento totalmente irregular y violatorio de la Constitución, haya intervenido la Cruz Roja, a solicitud de la Fiscalía General, cuya actuación se debe presuntamente a una denuncia hecha por personas anónimas, quienes acusan a directivos de esa institución de haberles ocasionado maltratos y además de malos manejos administrativos.
Al emitir su opinión la profesora María Lourdes Ríos de Chiossone, más conocida como Yuyita de Chiossone, presidenta de la institución humanitaria Banco de Sillas de Ruedas (Bandesir), expuso que la vía indicada era que el gobierno colocara su queja, si es que la tiene y la fundamenta, ante el organismo internacional, cuya sede se encuentra en Suiza, para que tomara cartas en el asunto.
Aunque es una institución privada, el gobierno podría haber manifestado a esa instancia sus objeciones a la directiva encabezada por Mario Villarroel.
No hago defensa a ultranza de las personas que se encontraban en esa directiva, porque no las conozco, ni puedo saber la gestión desempeñada por ellas; pero, obviamente, no es el camino adecuado ordenar la judicialización de un organismo sobre el cual no tiene competencia el gobierno, por cuanto la Cruz Roja es una institución internacional con más de cien años de actividad humanitaria y reconocimiento en el mundo, la cual tiene sus propias normas de funcionamiento y no está sujeta a ningún Estado.
En este sentido cabe señalar que ni siquiera el régimen de Adolf Hitler, de la Alemania nazi, se atrevió a impedir el funcionamiento de la Cruz Roja durante la segunda guerra mundial.
En lo que respecta a la intervención de la institución en Venezuela, no conozco, ni tengo idea de que el señor Ricardo Cusanno, respetado expresidente de Fedecámaras y cuyo padre todavía es muy apreciado en Barquisimeto, donde trabajó en el ramo de la hotelería, tenga experiencia en el manejo de los Derechos Humanos y actividades humanitarias, para asumir el rol que le ha sido asignado.
Al reiterar mi preocupación, considero que se ha cometido un abuso y me da la impresión que las autoridades nacionales están siguiendo, con su proceso de judicialización de cuanto se les antoja, el mal ejemplo de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que ha eliminado oneges y todas las instituciones que consideran inconvenientes a la dictadura, yendo más allá de los regímenes de China y Rusia, donde no se han metido con la Cruz Roja.
Existe preocupación en todo el país porque medidas como ésta que se ha tomado contra una institución tan importante como la Cruz Roja se pueda repetir contra otras instituciones y oneges, manifestó la profesora Yuyita de Chiossone.
