La destitución de la junta directiva de la Cruz Roja y la designación de un interventor, mediante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, es una medida arbitraria e ilegal porque el derecho a la asociación está consagrado en la Constitución.
Afirmación en tal sentido hizo el profesor Nelson Fréitez, sociólogo y responsable de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, así como directivo de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara.
Además, prosiguió, el Estado venezolano ha firmado tratados internacionales de derechos civiles y políticos, en los cuales se contempla la asociación libre de los ciudadanos para los fines que puedan asumir de acuerdo a las leyes y a la Constitución.
La Cruz Roja de Venezuela pertenece a la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, presente en alrededor de 150 países, donde cumple función humanitaria y se rige por los principios de imparcialidad, neutralidad y autonomía con respecto a cualquier poder civil, militar, religioso o ideológico.
Donde funciona coopera con organizaciones no gubernamentales y con los Estados para prestar sus servicios humanitarios a poblaciones que se encuentren en situación de vulnerabilidad, de riesgo o amenazas a su salud o a su vida.
La Cruz Roja nació en medio de conflictos bélicos y después de la segunda guerra mundial, cuando los conflictos son internos entre los países, ha resguardado sus principios de neutralidad, imparcialidad y autonomía precisamente para velar por la vida de seres en crítica situación.
Como la Cruz Roja tiene mecanismos propios sobre la administración de sus recursos, lo que ha debido hacer el fiscal general venezolano, en caso de tener alguna denuncia bien fundamentada y no anónimamente, es pedirle que los aplique si es que no están siendo bien administrados y, desde luego, restablecer la legalidad.
Lo que llama la atención en este caso es que se habla de unos denunciantes, pero no son identificados y, en consecuencia, no aparecen sus nombres, apellidos y demás características que permitan saber de quiénes se trata.
Sorprende, por lo tanto, que con base a individuos anónimos el fiscal le pida al máximo tribunal que intervenga la institución; pero, además de eso, el TSJ destituye a la directiva y nombra a una persona con plenos poderes para que, entonces, tome las decisiones a su conveniencia.
Este procedimiento, sin duda, hace presumir que de ahora en adelante pueden ser adoptadas deciiones riesgosas, porque pone en peligro el derecho de todas las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales para su desenvolvimiento interno y, en consecuencia, corren el riesgo de ser intervenidas de manera arbitraria, sin que se cumpla el debido proceso.
Este derecho ha sido eliminado en el caso que nos ocupa, porque sin ninguna actuación judicial en torno a la Cruz Roja, la decisión tomada se basa en la solicitud del fiscal general y una sentencia inmediata dictada por el TSJ.
No se han respetado las normas internas de la institución y encima de eso se ha aplicado un procedimiento totalmente ilegal.
Esa es la razón por la cual el rechazo a las medidas tomadas arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente por el TSJ ha sido contundente por parte de todas las organizaciones civiles venezolanas y, en tal virtud, hay pronunciamientos de la Red de Derechos Humanos a nivel nacional, del Foro Cívico y de los abogados constitucionalistas.
La designación de Ricardo Cusanno es un contrasentido porque éste ciudadano fue presidente de Fedecámaras y, por tanto, viene de la sociedad civil, y extraña que se haya prestado a aceptar ser interventor de una institución privada por cuanto constituye una violación constitucional al derecho a la asociación, que como tal debe ser acatada estrictamente.
Indudablemente, se está creando un mal precedente, condenable por ilegal e inconstitucional, para la autonomía, independencia y funcionamiento de las asociaciones civiles en Venezuela.
