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El fiscal Tarek William Saab dijo que el caso de los seis sindicalistas condenados a prisión por supuesta conspiración y asociación para delinquir fue discutido con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH. Según el funcionario, la delegación quedó «satisfecha» con la información que se le brindó. Agregó que los condenados no eran sindicalistas, tal y como los denunciaron algunas organizaciones no gubernamentales
El fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, negó este jueves 3 de agosto que los seis hombres condenados a 16 años de cárcel por los delitos de conspiración y asociación sean sindicalistas. Según el funcionario, organizaciones no gubernamentales y trasnacionales los calificaron de esta forma como parte «de una campaña» para hacer ver que la administración de Nicolás Maduro viola derechos humanos.
Saab aseveró que los ciudadanos Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Nestor Astudillo no pertenecen a ningún sindicato. Detalló que durante el juicio no hubo organización sindical que saliera en su defensa. Agregó que cuando fueron detenidos tampoco se encontraban en labores de tipo sindical.
Durante una alocución, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), señaló que las investigaciones evidenciaron que «ninguno de ellos son trabajadores activos» y que solo aparecen en el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) como «cesantes».
«Se hizo este ropaje para lesionar al Estado venezolano. Ninguno de los ciudadanos presentó alguna constancia que los acreditase como integrantes de algún sindicato», dijo Saab. Al mismo tiempo, comentó que en las extracciones de información telefónica las autoridades corroboraron que «se relacionaban para realizar actividades conspirativas»; entre ellas, según lo dicho por el fiscal, asaltar un conscripto de alistamiento militar de San Jacinto, en el estado Mérida, para apropiarse del parque de armas.
«Planificaban actos de sabotaje y entorpecimiento de las actividades del 5 julio del 2022, donde se encontraba presente el mandatario Nicolás Maduro», agregó. Acusó a los sindicalistas de integrar la Unidad de Resistencia Popular (URP), una supuesta estructura delictiva.
Señaló además que supuestamente tenían planes de ejecutar «operaciones delictivas» en el Distrito Capital y los estados Zulia, Vargas, Falcón, presuntamente apoyados desde Colombia. Tarek William Saab enfatizó que Alcides Bracho era el líder de la organización y que estaba bajo instrucciones de Ányelo Heredia, exfuncionario de la Guardia Nacional (GN), «en situación de desertor que presuntamente vive en Colombia».
Durante sus declaraciones, el fiscal destacó que este caso se trató en una reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. Afirmó que la delegación de la Organización de las Naciones Unidas quedó satisfecha con la información que se le brindó.
Dijo que la delegación pudo verificar que las personas no fueron procesadas por solicitar mejoras salariales, «sino que estaban siendo juzgado por realizar actos conspirativos en contra del Estado».
Mientras Saab declaraba en la sede de la Fiscalía General, un grupo de trabajadores cerró por media hora la avenida Oeste 6, entre la sede administrativa de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) –en el centro de Caracas– en protesta por la sentencia que recibieron los seis dirigentes.
«Metieron presas a personas que luchaban por derechos laborales. Entiendan que van a ser juzgados por la historia. Aquí los únicos criminales fueron los que se prestaron por meter presos a los sindicalistas que protestaban por beneficios laborales», señaló a medios de comunicación uno de los manifestantes.
Tildó a las autoridades de «traidores que vendieron su dignidad por un estatus. Nos mantendremos en la lucha en nombre de la democracia y la libertad».
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