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Después de un año y 28 días de la privación de libertad «preventiva» de seis sindicalistas venezolanos, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas con competencia en terrorismo condenó a 16 años de prisión a Emilio Negrín, a Reynaldo Cortés, a Alcides Bracho, a Alonso Meléndez, a Gabriel Blanco y a Néstor Astudillo por los presuntos cargos de conspiración y asociación para delinquir.
La prisión arbitraria de los seis detenidos ha sido denunciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidades internacionales de derechos humanos que se han pronunciado y llevan el seguimiento de su caso.
Hasta ahora, los seis están recluidos en el Centro de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, en Caracas.
Sin pruebas contundentes
Alonso Medina Roa, presidente de la Coalición por los DDHH y la Democracias y uno de los abogados defensores de los presos políticos, denunció que los dos elementos que se plantearon en el juicio y que se presume que fueron valorados por la juez, Susana Barreiros, para emitir una sentencia condenatoria fue un informe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y unas capturas de pantalla de un chat en la redes sociales.
«El informe (de Contrainteligencia) por sí solo carece de vida jurídica, es un informe anónimo, es un informe que de alguna u otra manera antecede al proceso. No está estipulado en el ordenamiento jurídico venezolano», precisó Medina. «El otro elemento (…), la extracción de información en distintos equipos electrónicos, se hizo sin ninguna autorización de ningún tribunal de la república, bajo una forma ilícita conforme a las leyes venezolanas».
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció que los juicios de los seis sindicalistas se basaron nada más en testimonios versados en los acontecimientos de cada detención, donde los funcionarios iban a los hogares de los presos políticos sin ninguna orden de aprehensión.
Otro abogado defensor de los trabajadores, Eduardo Torres, dijo que apelarán la sentencia e instó a los ciudadanos a luchar por la libertad de estos dirigentes gremiales: «Esa sentencia infame tenemos que echarla abajo con el apoyo de los trabajadores y de los organismos internacionales de DDHH», expresó en declaraciones a los medios.
A continuación, los perfiles de los sindicalistas sentenciados a 16 años de prisión.
Emilio Negrín:
Bajo su rol como Presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y como miembro de la Coalición Sindical Nacional, participó en las reuniones que la OIT y el gobierno madurista sostuvieron entre septiembre de 2021 y abril del 2022. La organización multilateral concluyó que el Estado venezolano no cumple con el 90% de las recomendaciones internacionales para evitar la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores.
Negrín, durante esas reuniones de la OIT con el gobierno madurista, ratificó la necesidad de liberar a otros presos políticos sindicalistas.
Fue detenido el 5 de julio de 2022 en su vivienda en El Junquito, en Caracas, por funcionarios de la Dgcim que no presentaron orden judicial. Fue trasladado hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en La Quebradita de San Martín, en el oeste de la capital.
El gobierno madurista lo acusó de asociación para delinquir por la denuncia de un compatriota cooperante, una figura del chavismo para identificar críticas al gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela tanto en redes sociales como en actividades comunitarias.
Según la versión del Tribunal Supremo de Justicia, los seis sindicalistas fueron detenidos por exigir derechos laborales y salarios justos a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que creó un tabulador para el pago de las nóminas y bonificaciones, una actividad criticada por la OIT y la sociedad civil venezolana.
Negrín fue presentado ante los tribunales bajo la premisa de «haber cometido delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Lodofat)». Pero, hasta la fecha, ningún ente público ha descrito cuáles tipificaciones específicas se le acusa al preso político.
Reynaldo Cortés:
Desde que cumplió los 14 años, Reynaldo Cortés es militante del partido político Bandera Roja en el estado Guárico, según reseñó a El Pitazo Yecenia Álvarez, coordinadora del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales de Guárico. También es el delegado del Consejo Sindical Regional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) del mismo estado.
De seguir privado de libertad, cumpliría sus 48 años de edad el 23 de agosto de 2023 en plena reclusión del Estado.
Fue detenido arbitrariamente el 7 de julio del 2022 en su hogar, en San Juan de Los Morros, capital del estado llanero. Lo dejaron incomunicado por más de 48 horas, en ningún momento le notificaron de los cargos de su detención y sus abogados denuncian que se les niega la copia certificada del expediente durante su juicio.
El gobierno madurista lo acusa de «sabojate» por participar en un supuesto asalto al Fuerte Caribay, en Mérida, para apoderarse de 120 fusiles y supuestamente secuestrar a la familia de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo para esa fecha.
Sus familiares denuncian ante los medios de comunicación que la alimentación, la hidratación y el aseo de Cortés corre exclusivamente por aportes de sus compañeros del partido Bandera Roja y su familia.
Alcides Bracho:
Docente universitario, artista plástico y activista sindical en el magisterio venezolano a través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Lo detuvieron arbitrariamente el 4 de julio del 2022 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y lo recluyeron en la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas. Fue el primer privado de libertad de los seis sindicalistas.
Yorbelis Oropeza, docente y esposa de Bracho, ha denunciado que la detención viola flagrantemente el debido proceso de los seis sindicalistas. Además del maltrato psicológico que genera un proceso que «criminaliza la protesta (…), solo por la exigencia de salarios justos».
Eduardo Torres indicó al medio Efecto Cocuyo que el juicio sufrió un retardo procesal. La segunda audiencia de juicio se presentó alrededor del 10 de febrero del 2023, siete meses después de su detención arbitraria.
Oropeza reafirmó que los cargos imputados a Bracho y a los otros cinco sindicalistas es «hacer un grupo de WhatsApp, esa es la asociación para delinquir: protestar, salir a la calle. Como profesor, pedir por los derechos de los profesores, ir contra el instructivo Onapre».
Alonso Meléndez:
Ingeniero pesquero, docente, sindicalista y militante del partido Bandera Roja en Falcón. Nació en Punto Fijo el 28 de enero de 1948. Fue detenido en su casa el 5 de julio del 2022. A diferencia de los otros sindicalistas detenidos arbitrariamente, durante la reclusión de Meléndez ningún cuerpo de seguridad del Estado se identificó.
Bandera Roja denunció que los cuerpos de seguridad del Estado hicieron una desaparición forzada, ya que no podían contactarse por más de 24 horas con Meléndez. No se enteraron de él hasta que fue trasladado a Caracas.
Hasta el momento de su detención, Meléndez era tutor de la Universidad Nacional Experimental Francisco De Miranda y de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Además, hacía activismo y participación el Consejo Comunal La Florida del municipio Los Taques y en el Consejo de Pescadores y Pescadoras Acuicultores y Acuicultoras Aurora del municipio Los Taques.
Gabriel Blanco:
Exmiembro del partido Bandera Roja y trabajador social de la Universidad Central de Venezuela de 46 años de edad. Antes de ser detenido arbitrariamente el 7 de julio del 2022, trabajaba con las comunidades caraqueñas de Coche para la promoción de los Derechos Humanos, la prevención de la violencia basada en el género y los derechos laborales.
También formó parte de la Alianza Sindical Independiente (ASI), una de las asociaciones que ha encabezado los procesos de diálogo con la OIT en el año 2022 y que constató que en Venezuela no se cumple ningún derecho laboral.
Su detención fue documentada en fotos y videos gracias a los vecinos de la parroquia de Coche y a los activistas de Provea. Sin embargo, los miembros de la Dgcim y el Sebin lo detuvieron bajo la directriz de conducirlo para una «entrevista».
Diannet Blanco, activista humanitaria y esposa de Gabriel, informó a Runrun.es que en ningún momento se ofrecieron datos sobre la persona que presuntamente denunció a los seis sindicalistas por sus interacciones en redes sociales.
Ella también fue presa política del régimen y padeció los rigores del encarcelamiento en el Helicoide, identificado como un centro de «torturas» por la Misión de Determinación de Hechos de la Organización Derechos Humanos (ONU)
Aunque reveló al medio que su esposo no ha sufrido agresiones físicas, comentó que en este año y algo más de prisión la «peor tortura» ha sido seguir encarcelado «siendo inocente», pues le han vulnerado sus derechos a la salud, calidad de vida, al trabajo y a compartir con su familia.
Néstor Astudillo:
Es militante de Bandera Roja para el Estado Miranda. Miembros de la Dgcim lo detuvieron arbitrariamente en su casa en la ciudad mirandina de Charallave el 6 de julio del 2022.
Diez días después, los Comités Populares de Derechos Humanos en Caracas y el estado Miranda le exigieron a la Defensoría del Pueblo medidas cautelares y protección de los sindicalistas, reseñó Efecto Cocuyo. Los familiares y los miembros de Organizaciones No Gubernamentales se reunieron más de tres veces para exigir una respuesta del Estado que nunca les concedió.
Hasta la fecha, cerca de 108 organizaciones no gubernamentales y movimientos políticos exigen la libertad de los seis activistas humanitarios y sindicalistas.
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