De acuerdo a José Antonio Gil Yepez, director de Datanalisis, en la últimas encuestas realizadas en el país en los últimos tres años, existe un registro que en promedio el 74% de los venezolanos está en contra de las sanciones, esto sumado a 12% de venezolanos que no responden y otro 14% que muestran estar de acuerdo con las sanciones.
En el caso empresarial el 88% de las empresas que han contestado las diferentes encuestas multisectorial empresarial, “dice que han afectado negativamente el sector empresarial y el otro 12% dice que no la ha afectado, más no que la ha beneficiado”.
“Hay un clamor popular y generalizado en contra de ese mecanismo” y en un contexto internacional “el mecanismo sanciones es bastante débil en conseguir sus objetivos… De unos 180 casos de países sancionados, en los últimos 100 años, solamente 4% han logrado cambiar de gobierno por la presión de las sanciones”, afirmó el director de Datanalis.
Gil Yepez destacó que la mayoría que transmite estar de acuerdo con las sanciones, responden a población migrante que tiende a radicalizarse a favor de estos mecanismos.
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Por su parte, Jorge Roig Navarro, Ex presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, señaló que las sanciones surgen de una falta de negociación política, que se han dado, pero sin ningún resultado, generando “un deterioro porque no han sido sanciones inteligentes ni selectivas”.
“Las sanciones restringen las libertades económicas, la libertad privada y la generación de empleo”, fijó.
Frente a esto, el diputado Luis Eduardo Martínez, informó sobre las cifras cuantiosas de dinero retenido a causa de las sanciones, sumado a activos incautados y dinero que no ha ingresado a Venezuela durante las sanciones, totaliza unos 650.000 millones de dólares, “eso es aproximadamente 50 veces más que el presupuesto nacional de 2023”.
Estas declaraciones llegan tras la petición del diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Diálogo y Reconciliación del Parlamento, Luis Eduardo Martínez, al partido Acción Democrática sobre la solicitud de la activación de un referendo consultivo que permita a los venezolanos opinar si están de acuerdo o no con las sanciones, ante la AN, aclaró que esto sería “completamente constitucional” y no tendría el levantamiento inmediato de las sanciones, pero “sería de gran impacto”.
