La Fiscalía argentina ha anunciado que iniciará una investigación contra 14 militares venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en 2014, al amparo del principio de jurisdicción universal.
El fiscal Carlos Stornelli, que recibió una denuncia de la Fundación Clooney, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, dijo que hay indicios suficientes para abrir una causa penal contra los uniformados, que habrían participado en actos de tortura, asesinato, desaparición forzada y persecución política.
Según explicó Stornelli, la jurisdicción universal es un mecanismo que permite a los Estados juzgar los delitos más graves contra la dignidad humana, sin importar dónde se hayan cometido, quiénes sean los autores o las víctimas, o si hay algún vínculo con el país que ejerce la competencia.
«Se trata de una herramienta que busca evitar la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas de atrocidades que ofenden a toda la humanidad», afirmó el fiscal, que agregó que Argentina tiene una tradición de aplicar este principio en casos como el genocidio armenio o las dictaduras latinoamericanas.
Stornelli señaló que su investigación se basará en los informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que han documentado las graves violaciones a los DD. HH. ocurridas en Venezuela desde 2014.
Asimismo, dijo que solicitará la colaboración de otros países que también han invocado la jurisdicción universal para investigar los crímenes del régimen venezolano, como España, Estados Unidos o Suiza.
El fiscal advirtió que su objetivo es identificar y procesar a los responsables de estos hechos, y eventualmente solicitar su extradición o su arresto si salen del territorio venezolano.
«Estamos ante una oportunidad histórica para hacer valer el derecho internacional y demostrar que no hay lugar en el mundo donde puedan esconderse los violadores de los derechos humanos», concluyó Stornelli.
