Las mujeres residentes en zonas rurales o mineras de Venezuela próximas a la frontera con Colombia, donde viven muchas indígenas, son víctimas de la violencia y la indiferencia del Estado, denunció el jueves la ONG Fundaredes, en un boletín que recoge la situación de las víctimas.
«La vida de las mujeres en las zonas agrarias de la frontera y comunidades indígenas es de marginación constante, sumado a la inseguridad física y alimentaria, la falta de transporte, las fallas o ausencia de servicios públicos, el escaso acceso a recursos sanitarios aunado a la violencia y la opresión», dijo la ONG en el documento.
La investigadora de Fundaredes Adriangela Álvarez, explicó a una agencia de noticias internacional que el informe se centra en la situación de «las mujeres rurales, las mujeres de frontera y las mujeres en el ámbito de la minería ilegal que se encuentran vulneradas por grupos delincuenciales y por el Estado que las mantiene desprotegidas».
La investigación detalla que «la operatividad, cada vez más ampliada de los grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados de Venezuela, y su pugna por el control de territorio con otras organizaciones criminales y bandas delictivas, ha agravado la situación de vulnerabilidad de las mujeres, tanto en las zonas rurales como en territorios indígenas».
Según Fundaredes, la práctica de la minería ilegal también ha permitido que las mujeres adultas, niñas y adolescentes que residen en zonas mineras del estado Bolívar y el Amazonas, en el sur del país, sean sometidas a esclavitud sexual y laboral.
