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A finales de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que autorizó a la Fiscalía de la corte a continuar con la investigación del caso Venezuela I, lo que generó gran expectativa entre las organizaciones de la sociedad civil y víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Desde noviembre de 2021, cuando la Fiscalía de la CPI resolvió la necesidad de investigar, el proceso ha pasado por varias etapas en las que el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de frenarlo o aplazarlo, pero esto no ha significado que se dejará de un lado la investigación.
Expertos consideran que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares llega en un momento oportuno y eso abre la puerta a que las víctimas de crímenes de lesa humanidad puedan obtener la justicia que esperan.
Tras la decisión de la Sala, el gobierno chavista anunció que presentará un escrito ante a la Sala de Apelaciones, para la cual tiene plazo hasta el 14 de agosto de 2023. Durante un live realizado en Instagram por la organización Defiende Venezuela, especialistas explicaron qué puede esperarse de esta apelación y cuáles son las perspectivas y desafíos frente a la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI.
Una decisión que cristaliza el deseo de víctimas
Daniela Suárez, coordinadora jurídica del Comité de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad de Defiende Venezuela, recordó que, aunque se ha criticado a la CPI por tardar en la toma de decisiones, ha sido “célere desde el inicio”, acotando que el examen preliminar sobre Venezuela I tuvo una duración menor que la de otros casos.
“El anuncio de esta decisión llega antes de lo esperado. Esta decisión cristaliza un deseo que quería ver la sociedad civil y las víctimas, que es la continuación de la investigación. Estaba aplazada por la solicitud de aplazamiento por parte del Estado”, recordó Suárez.
Para llegar a la decisión, añadió la especialista, la Sala de Cuestiones Preliminares evaluó que las investigaciones que realiza el Estado venezolano no revelaban lo suficiente con relación a la investigación de la CPI. “El Estado continúa negando la existencia de crímenes de lesa humanidad, insiste en que son violaciones aisladas cometidas por funcionarios y no reconoce que en Venezuela existe un contexto de ataque”, añadió.
Sobre las investigaciones que ha hecho el Estado, que son pocas, Suárez señaló que estas solo se han enfocado en mandos bajos de la cadena “a pesar de que existen suficientes evidencias” para enfocarlo en altos mandos.
Por otra parte, Suárez señaló que el Estado ha intentado “defenderse” ante la CPI, con el fin de “demostrar a la corte que existen procesos de investigación que son genuinos”.
“El Estado también continúa indicando que la Corte no tiene competencias material y jurisdiccional para pronunciarse sobre estas situaciones”, añadió.
¿Qué se puede esperar de la apelación que hará el Estado?
Omar Piñango, coordinador general del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, señaló que, recientemente, se emitió una decisión en la que se extiende el plazo de apelación por parte del Estado hasta el 14 de agosto.
“El gobierno argumentó distintas cosas como retrasos en las traducciones, se habló sobre el receso judicial, y que la solicitud de extensión no iba ir en detrimento de los intereses de la Fiscalía”, señaló Piñango.
Al respecto, el experto señaló que esa apelación “no necesariamente detiene la investigación” y que el Estado, si solicita la suspensión de la investigación en dicha apelación, debe justificarla. “Allí podremos ver a qué nos enfrentamos en este procedimiento”, dijo.
Con respecto a lo que pudieran esperar las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, consideró que “va a seguir siendo posible transmitir información”.
“Todavía no se ha determinado esa selección y priorización de casos. Cuando esto se haga público, debemos estar atentos a esas próximas actuaciones de la Fiscalía. Va a ser fundamental para abonar a la investigación”, añadió.
Además, indicó que ceñirse al foco de la investigación ayudará a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el tránsito de un “largo trecho” para la determinación de las responsabilidades.
“Va a ser necesario que podamos enfocarnos y articularnos para actuar en bloque frente a esta investigación”, acotó Piñango.
Cuando haya evidencia sobre los crímenes
Daniela Suárez recordó que la Fiscalía de la CPI mencionó la “falta de independencia e imparcialidad que permea el sistema de justicia venezolano”.
“La Corte solo puede evaluar cómo ha evaluado el sistema respecto a esos grupos señalados sobre esos crímenes. No es un análisis general, sino enfocado en los miembros de estos grupos y por crímenes competencias de la Corte que se enmarque en esta política de persecución”, señaló.
Sin embargo, Suárez explicó que cuando exista uno o más individuos sobre los que exista evidencia, “se puede enfocar qué ha hecho la justicia sobre esos sujetos”.
Oficina de la CPI en Venezuela
Tal y como se había informado desde que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció la apertura de una oficina de la Corte en Venezuela, Daniela Suárez recordó que esta “va a ser únicamente para prestar asistencia técnica”.
“Esta oficina no va a recibir a víctimas ni organizaciones de la sociedad civil”, explicó la especialista, pero señaló que la misma podría apoyar en reformas de leyes, contribuir a revisar expedientes y “los funcionarios podrán conocer de primera mano la situación de Venezuela”.
Por su parte, Omar Piñango señaló que para las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, la CPI “ha sido una puerta de esperanza para la obtención de justicia”.
No obstante, recordó que la CPI «no es el único mecanismo ni va a agotar todas las vías para la obtención de justicia y reparación de las víctimas (…) Sí son parte de la solución, pero no son nuestra única solución”, dijo.
“Debemos sumar los esfuerzos a esos crímenes que son competencia de la Corte, pero también evaluar otros mecanismos de jurisdicción universal y de los que debemos valernos para la obtención de justicia”, finalizó.
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