“La Sala de Cuestiones Preliminares (SDCP) de la Corte Penal Internacional (CPI) ordena que se reanude la investigación sobre Venezuela por la comisión de crímenes de lesa humanidad”, así lo refiere el cable internacional. Orden firmada por los jueces Pèter Konvàcs, Reine Adelaide Alapine-Garou y María del Socorro Flores Liera, que no se tragaron el cuento del oficialismo que trató de detener el proceso alegando que en el país se estaban llevando los juicios penales por delitos de lesa humanidad con toda corrección, argumento que la SDCP desechó por falso.
El paso elefantiásico lento, pero irremediablemente indetenible de la CPI y de su Fiscalía se pone de manifiesto. Es conveniente explicar que la causa no estaba paralizada, sino que la SDCP estaba decidiendo sobre la solicitud del gobierno venezolano basada en la excepción que opuso y que antes reseñamos.
Debe recordarse que en principio la función de la CPI es de “carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales” como se establece en el Estatuto de Roma en su artículo 1, en el sentido de prestarle apoyo a los tribunales de los países investigados que no quieran o no puedan enjuiciar los crímenes aludidos, para que así lo hagan. El país involucrado puede defenderse alegando que eso no es cierto y que efectivamente se están enjuiciando esos hechos conforme a la ley y fue lo que hizo el oficialismo venezolano. Ante lo cual la CPI le respondió que ello es falso y por tanto, como los tribunales venezolanos no pueden o no quieren seguir esos juicios, la investigación se llevará a cabo directamente por la CPI a través de la Oficina que instaló su Fiscal Karim Khan, en Caracas. Esto no significa que los tribunales venezolanos no podrán “colaborar” con la investigación
El especialista en Derecho Internacional y Profesor Universitario, Alejandro Rodríguez Morales opina que “en la decisión de la Sala de la CPI se indica que Venezuela no ha investigado, ni esta investigando, hechos que puedan constituir crímenes internacionales”, por lo tanto se lee en la decisión que no cabe plantearse, ni siquiera el punto concerniente de si Venezuela tiene disposición o capacidad para realizar una investigación y persecución penal de los crímenes en cuestión, por lo tanto se ordenó que se reanude la investigación de la Fiscalía de la CPI.
Para la decisión la CPI tomó en cuenta la solicitud del Fiscal Khan, los alegatos del gobierno venezolanos, así como 1,875 opiniones y observaciones de la Sección para la Participación de la Víctimas y su Reparación del organismo de justicia penal internacional, con base en ese número de denuncias de la comisión de tales crímenes. La SDCP llegó a una conclusión que como decimos por aquí “no le dijo perro, pero le enseñó el tramojo” al oficialismo venezolano, al observar en su decisión que no está investigando las alegaciones fácticas o de hecho en relación a los crímenes de lesa humanidad y aquellas que se investigan están centradas en los perpetradores directos o de rango inferior. Que se lee entre líneas: que los crímenes denunciados constituyen una política de Estado, no casos aislado de alguno que otro funcionario subalterno, por tanto, deben responder no solo el perpetrador material, sino también aquellos que lo ordenaron: Ministros, altos funcionarios del Ejecutivo, incluyendo a su Presidente.
Otra decisión importante de la Sala de la CPI es que el gobierno venezolano debe dejar de proponer excepciones previas y que el proceso de investigación continuará. Sólo cuando se inicie el juicio, imputando a las personas responsables de aquellos crímenes que se crean cometidos, esto es la precisión de víctima y victimario, es que podrán proponer las excepciones que se crean pertinente. Pareciera que el paso elefantiásico está tomando un ritmo felino y no se detendrá hasta verle por lo menos la cara a los imputados y candidatos al banquillo de los acusados. Venezuela los conoce muy bien.
En palabras coloquiales la Corte Penal Internacional le ha dicho al régimen de Maduro, deje la lloradera y los pataleos, vamos a juicio y allí se defiende.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
