Dos años después de las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, Cuba sigue sumida en una profunda crisis económica y social que alimenta el descontento popular, pero también la represión contra las voces disidentes. Según organizaciones de derechos humanos, cerca de 500 personas han sido condenadas a penas de cárcel por participar en las protestas, que el gobierno atribuye a una conspiración de Estados Unidos.
Las marchas, que se extendieron por más de 40 ciudades y pueblos de la isla, fueron impulsadas por el malestar generado por la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, así como por los cortes de electricidad y la falta de libertades. Miles de cubanos salieron a las calles al grito de “Tenemos hambre” y “Abajo la dictadura”, en un desafío sin precedentes al régimen comunista desde la Revolución de 1959.
La respuesta del gobierno fue la represión policial y judicial. Más de 1.500 personas fueron detenidas, entre ellas casi 700 siguen en prisión, según la ONG Justicia 11J, nacida en Cuba para documentar estos arrestos y ahora con sede fuera de la isla. Según cifras oficiales, cerca de 500 fueron condenadas con penas definitivas, algunas hasta por 25 años de cárcel, por delitos como desorden público, atentado o instigación a delinquir.
Sin embargo, el presidente Miguel Díaz-Canel, que asumió el cargo en 2018 tras el retiro de la generación encabezada por Fidel y Raúl Castro, reconoció hace un año que el país atravesaba una “compleja situación económica” y prometió superarla con medidas como la ampliación del sector privado, la eliminación del doble moneda y la reactivación del turismo.
Pero dos año después, Cuba sigue luchando por salir del atolladero. La inflación incontrolable, la caída de la producción azucarera, los altos precios internacionales que agudizan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración récord son factores internos y externos que se han combinado para llevar al país a su peor crisis desde los años noventa.
Ante estas dificultades, los cubanos dudan menos en expresar su descontento con las autoridades. En 2022 se han registrado manifestaciones esporádicas contra los cortes de electricidad, la falta de agua, combustible, alimentos y medicinas en varias provincias y en La Habana. También se han producido huelgas de hambre y actos de protesta pacífica por parte de artistas, periodistas independientes y activistas de derechos humanos.